A pesar de que el Congreso mantiene paralizadas las dos primeras denuncias constitucionales contra la presidenta Dina Boluarte, el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena Campana, presentará una tercera denuncia ante el Parlamento. Esta nueva acusación, revelada por el semanario Hildebrandt en sus trece, señala a Boluarte como presunta autora de los delitos de obstrucción a la justicia e instigadora de encubrimiento personal.
La denuncia se origina por la decisión de la presidenta de desactivar el Equipo Especial de la Policía Nacional, que brindaba apoyo al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop), liderado por la fiscal Marita Barreto. Según la Fiscalía, esta medida afectó investigaciones clave sobre corrupción y es vista como un intento de obstaculizar el trabajo de la justicia.
Investigaciones preliminares y ampliación del plazo
La Fiscalía inició diligencias preliminares contra Boluarte y el exministro del Interior Walter Ortiz el pasado 10 de mayo, y aunque el plazo venció el 10 de julio, fue extendido para recabar más pruebas sobre las acciones de la presidenta. La investigación, realizada por el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía, halló indicios suficientes para avanzar con una nueva denuncia constitucional.
El caso se añade a los cuestionamientos que ya enfrenta la mandataria, quien ha asegurado su disposición a colaborar con las investigaciones. Sin embargo, según el informe, el gobierno ha interpuesto tres recursos ante el Tribunal Constitucional con el fin de bloquear las indagaciones.
Denuncias previas sin avanzar en el Congreso
La primera denuncia constitucional contra Dina Boluarte se presentó el 27 de mayo, cuando el fiscal Villena la acusó de cohecho pasivo impropio en el escándalo conocido como «Rolexgate». Este caso involucra la posesión de relojes de lujo y joyas no declarados por la presidenta. Pese a la gravedad de las acusaciones, el proceso permanece estancado en la Comisión Permanente del Congreso.
La segunda denuncia, presentada el 30 de julio, imputa a Boluarte y a seis exministros por homicidio calificado y lesiones graves, tras la muerte de manifestantes en las protestas de finales de 2022 e inicios de 2023. Al igual que la primera, esta denuncia no ha avanzado en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
Desafíos para la presidenta y su baja popularidad
A pesar de los esfuerzos del gobierno por proyectar una imagen de colaboración con la justicia, la presidenta enfrenta un contexto adverso, con una aprobación popular en declive y numerosas críticas por la falta de transparencia en su gestión. El número de fallecidos durante las protestas ha sido un factor clave que ha erosionado aún más su imagen pública.
