La Fiscalía de la Nación presentó una nueva denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte y siete exministros por su presunta responsabilidad en las lesiones sufridas por manifestantes durante las protestas ocurridas entre diciembre de 2022 y febrero de 2023. Esta tercera acusación, formulada por el Área Especializada en Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, incluye a los exprimeros ministros Pedro Angulo y Alberto Otárola, así como a los exministros César Cervantes, Jorge Chávez Cresta, Víctor Rojas y Vicente Romero.
Según el Ministerio Público, las protestas se desarrollaron en regiones como Apurímac, Ayacucho, Ucayali, Cusco, Puno y Lima Metropolitana. En estos lugares, se habría empleado un uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, lo que resultó en al menos 75 personas heridas. La Fiscalía señala que los altos funcionarios acusados tenían conocimiento del uso excesivo de la fuerza, pero omitieron tomar medidas para prevenir daños, incurriendo así en los delitos de lesiones leves y graves, previstos en los artículos 122° y 121° del Código Penal.
Esta denuncia se suma a dos anteriores. La primera, presentada por la exfiscal Patricia Benavides en 2023, fue archivada por el Congreso. La segunda, interpuesta en 2024 por el fiscal Juan Carlos Villena, fue admitida y continúa en evaluación por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
En paralelo, Boluarte interpuso un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, buscando frenar las investigaciones. La audiencia pública se realizó en abril de 2025 en Arequipa, pero el fallo aún está pendiente.
En declaraciones recientes, la presidenta minimizó las protestas y cuestionó las encuestas de baja aprobación, asegurando que “el Perú quiere seguir trabajando”. También anunció un plan para generar 100 mil empleos temporales mediante una inversión de 414 millones de soles.
Sin embargo, videos registrados durante la protesta nacional del 14 de mayo evidenciaron nuevos presuntos abusos policiales, reforzando el debate sobre el uso de la fuerza y la responsabilidad política en contextos de conflicto social.
