Medida busca asegurar presencia de investigados en juicio oral que inicia en septiembre por presuntos aportes ilegales de Odebrecht y OAS a campañas municipales.
El Ministerio Público solicitó al Poder Judicial que imponga el impedimento de salida del país a la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, como parte del proceso penal que enfrenta en el marco del caso Lava Jato. La petición fue formulada por el fiscal José Domingo Pérez Gómez, integrante del equipo especial del caso Odebrecht, quien también requirió nuevas reglas de conducta dentro del mandato de comparecencia con restricciones que ya pesa sobre Villarán.
El fiscal Pérez amplió su pedido a otros exfuncionarios de la Municipalidad Metropolitana de Lima, entre ellos Domingo Arzubialde, Gabriel Prado, Marco Zevallos y once personas más, todas implicadas en este proceso. Asimismo, solicitó prisión preventiva contra Mario Ruas Nogueira, y comparecencia con restricciones e impedimento de salida para Freddy Chirinos.
Estas medidas serán evaluadas por el juez Jorge Chávez Tamariz el jueves 10 de julio, en una audiencia presencial que se desarrollará a las 11 de la mañana en la sede de la Corte Superior Nacional, en el Cercado de Lima. En ella, las partes deberán exponer sus argumentos para que el magistrado pueda tomar una decisión.
Inicio del juicio oral
El juicio oral contra Susana Villarán y otros acusados está programado para el martes 23 de septiembre. La exalcaldesa es señalada por la Fiscalía como receptora de más de 10 millones de dólares en aportes ilegales de las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS. Estos fondos habrían financiado su campaña contra la revocatoria en 2013 y su posterior intento de reelección en 2014.
Por estos hechos, el fiscal Pérez Gómez ha solicitado una condena de 29 años de prisión para Villarán, al imputarle los delitos de organización criminal, lavado de activos, colusión y otros en agravio del Estado.
Junto a Villarán, también fueron incluidos en la acusación exfuncionarios de su gestión, para quienes se ha solicitado penas de entre 9 y 25 años de cárcel.
