El expresidente Pedro Castillo podría ser condenado a 34 años de prisión si es hallado culpable en los cargos relacionados con su intento de golpe de Estado el 7 de diciembre de 2022. Así lo afirmó la fiscal Galinka Meza Salas durante la audiencia de control de acusación celebrada el 23 de mayo, donde Castillo fue acusado formalmente de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública.
Por el delito de rebelión, se ha solicitado una pena de 25 años; por abuso de autoridad, 3 años; y por perturbación de la tranquilidad pública, 6 años, resultando en una pena total acumulada de 34 años. Además, la fiscalía ha propuesto una inhabilitación de 3 años y 6 meses para el exmandatario.
La defensa de Castillo, liderada por el abogado Luis Walter Medrano Girón, ha criticado la acusación por presentar defectos formales, argumentando que no cumple con los requisitos del código procesal penal y requiriendo correcciones en la formulación de los cargos.
Durante la misma sesión, también se presentaron acusaciones contra varios exministros del gobierno de Castillo. Betssy Chávez, Willy Huerta y Roberto Sánchez enfrentan una posible condena de 25 años y dos años y medio de inhabilitación cada uno. Además, para Aníbal Torres, exjefe del Gabinete y asesor de la PCM en el momento del autogolpe, la Fiscalía ha solicitado 15 años de prisión y dos años y medio de inhabilitación.
