La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco consiguió que se imponga una sentencia condenatoria en un proceso inmediato contra Jhojan Campos, investigado por el delito de receptación agravada, logrando un resultado en un tiempo considerado récord para este tipo de casos.
La resolución judicial dispuso una pena privativa de libertad de dos años, dos meses y veinte días, además del pago de S/ 700 de reparación civil a favor de la víctima. La investigación estuvo a cargo del fiscal adjunto provincial Brosely Osco Mamani, quien sustentó los hechos con los elementos de convicción obtenidos en la diligencia preliminar y logró que el juzgado apruebe la condena en un plazo menor a las 72 horas.
Los hechos
De acuerdo con las investigaciones, el caso se originó en agosto de 2025, cuando Campos fue intervenido por agentes de la Policía Nacional en circunstancias sospechosas, mientras se desplazaba en dirección al aeropuerto de Huánuco a bordo de un vehículo que había sido reportado como robado.
Durante la intervención se verificó la placa de la unidad en el sistema policial, confirmando que presentaba una orden de captura vigente por hurto, denunciado el pasado 6 de agosto. El acusado fue detenido en flagrancia y puesto a disposición del Ministerio Público para las diligencias correspondientes.
Proceso inmediato
Gracias a la detención en flagrancia y a la actuación coordinada entre la Policía y la Fiscalía, el caso fue tramitado bajo la figura de proceso inmediato, lo que permitió acelerar los plazos procesales y obtener una sentencia en tan solo 55 horas, es decir, en menos de tres días desde la comisión del hecho.
Importancia del fallo
La Fiscalía resaltó que este resultado refleja la eficacia del proceso inmediato como herramienta procesal para casos de flagrancia, asegurando sanciones rápidas y efectivas contra quienes cometen delitos. Además, se busca enviar un mensaje claro de que la justicia puede actuar con celeridad y contundencia en casos donde las pruebas son contundentes.
El sentenciado deberá cumplir la pena impuesta, y en caso de incumplir las reglas procesales o reincidir en conductas ilícitas, podría enfrentarse a una revocatoria de beneficios que agrave su situación penal.
