La justicia peruana dictó una condena ejemplar de 31 años de prisión contra Nicolás Dávila, de 42 años, por el abuso sexual reiterado de una niña de 12 años. El caso, que conmocionó a la comunidad de Lauricocha, fue investigado y llevado a juicio por la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de la jurisdicción.
El fallo, obtenido gracias a la labor de la fiscal adjunta provincial Yesseth Sintia Melgarejo Narciso, marca un hito en la lucha contra la violencia sexual infantil en la región. Las agresiones, que se prolongaron desde agosto de 2015, se produjeron tanto en la vivienda del agresor como en la de los padres de este, ubicada en la localidad de Estrella Pampa, distrito de San Miguel de Cauri, donde la víctima se alojaba junto a su madre y hermanos menores. “Las agresiones sexuales se producían bajo amenazas de muerte”, detalló la fiscal Melgarejo Narciso durante la sustentación de su requerimiento acusatorio. La magistrada también expuso que Dávila aprovechaba los momentos en que la menor realizaba labores de pastoreo para perpetrar los abusos en el campo.
El caso salió a la luz en 2016, cuando la madre de la menor notó que esta se quejaba de fuertes dolores. Tras una conversación, la niña reveló el calvario que venía sufriendo desde hacía meses. La valiente decisión de la madre de denunciar los hechos ante las autoridades fue crucial para llevar a Dávila ante la justicia. “Este caso es un claro ejemplo de que la denuncia temprana es fundamental para proteger a los menores y castigar a los agresores”, declaró un representante de la fiscalía.
Además de la pena de prisión, el juzgado determinó que Dávila deberá indemnizar a la víctima con la suma de 4000 soles. Si bien esta compensación económica no reparará el daño causado, representa un reconocimiento de la responsabilidad del agresor y una medida de apoyo para la recuperación de la menor. La sentencia contra Nicolás Dávila sienta un precedente importante en la lucha contra la violencia sexual infantil en Perú y reafirma el compromiso del sistema judicial de proteger a los menores y garantizar sus derechos.
