Fiscalía analiza si hubo violación del artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado en la adjudicación del contrato
La Fiscalía Provincial de Huánuco ha abierto una investigación por presuntos delitos de corrupción en la contratación de un servicio de capacitación por parte del Gobierno Regional. Entre los investigados se encuentran funcionarios regionales y un regidor provincial, acusados de negociación incompatible y falsa declaración en procedimiento administrativo.
El caso gira en torno a la Adjudicación Simplificada N° 67-2023-GRH/CS-5 para un “curso de seguimiento y monitoreo de la prestación de los servicios de saneamiento” dirigido a gobiernos locales. Según la disposición fiscal, existen indicios de irregularidades en el otorgamiento de la buena pro al Consorcio Educentro, cuyo integrante Joel Arteaga Calixto es actualmente primer regidor y teniente alcalde de la Municipalidad Provincial de Huánuco.
La Fiscalía investiga si Arteaga Calixto estaba impedido de contratar con el Gobierno Regional de Huánuco por su cargo público, que violaría el artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.
La Fiscalía también investiga a Edwin Becker Fernández Cotrina, jefe de Abastecimiento, y José Luis Llanos Arrieta, gerente general Regional encargado, como presuntos autores del delito de negociación incompatible de cargo. Asimismo, a George Fernando Gutiérrez Chocano como presidente titular del proceso de selección.
Adicionalmente, Ever Uribe Uzuriaga Céspedes, exsubgerente de Contabilidad, y Yamilet Yajaira Pacheco Bravo, subgerente de Tesorería, están siendo investigados por presuntos delitos contra la administración pública relacionados con el devengado y pago del contrato.
Otro punto cuestionado es el pago adelantado del contrato por 241 721 soles, cuando supuestamente debía realizarse en tres armadas según entregables. La fiscal ha ordenado el aseguramiento de documentos del proceso de selección y expediente de pago.
Dato:
La investigación, que durará 120 días, busca determinar si hubo colusión entre funcionarios y proveedores para direccionar la adjudicación, violando los principios de libre competencia y transparencia en las contrataciones públicas. De comprobarse los delitos, los implicados podrían enfrentar penas de hasta 6 años de cárcel e inhabilitación.
