La directora de la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre (ATFFS) – Huánuco, Luz María Basilio Ingunza, hizo una denuncia pública sobre presuntos actos de tráfico y blanqueo ilegal de madera que involucrarían a trabajadores del puesto de control forestal de Rancho, en la carretera central.
Rancho es uno de los puntos más sensibles en la lucha contra el tráfico de madera, ya que por esa ruta transita gran parte de la carga proveniente de Ucayali, Puerto Inca, San Martín y Loreto con destino a Lima y la costa central. “La vigilancia es permanente, las 24 horas del día, pero siempre se requiere coordinación interinstitucional”, manifestó.
La funcionaria indicó que se trata de un caso en investigación y que ya ha sido puesto en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción, la Dirección Regional de Agricultura y la Contraloría General de la República, con el fin de transparentar el proceso y deslindar responsabilidades.
Según la directora, las denuncias surgieron a partir de publicaciones anónimas en redes sociales, pero pese a no tener autor identificado, fueron consideradas por su despacho debido a la gravedad de los señalamientos. Basilio afirmó que la ATFFS “actuó de inmediato” para recopilar documentación y remitir el caso a las instancias competentes.
Denuncia y medidas administrativas
La funcionaria explicó que la denuncia principal está relacionada con un caso ocurrido en julio, cuando un conductor alertó —mediante audios y llamadas— sobre una supuesta “pretensión de arreglo” entre dueños de cargamentos de madera y personal del puesto de control de Rancho.
A raíz de esos hechos, la ATFFS dispuso rotaciones de personal y separó a un trabajador involucrado en la presunta irregularidad, identificado como Martín David Laverna, quien, según informó Basilio, renunció y enfrenta una denuncia penal en la Fiscalía Anticorrupción.
La directora sostuvo que el procedimiento se ejecutó respetando los derechos laborales, pero subrayó que todo el personal de fiscalización está bajo investigación para determinar posibles responsabilidades. “Es importante que la población sepa quién es quién y que todo funcionario sea evaluado por su conducta”, expresó.
Además, precisó que la rotación inmediata del personal es una práctica preventiva cuando se detectan indicios o denuncias sobre actos indebidos, aunque no se haya probado aún la comisión del delito.
Control forestal y presunto blanqueo de madera
Basilio reconoció que el puesto de control forestal de Rancho, ubicado en la carretera central, es un punto crítico para el tráfico de madera, ya que es la principal ruta del traslado de productos maderables desde Ucayali, Loreto y Puerto Inca hacia Lima.
Según indicó, entre miércoles y sábado circula la mayor cantidad de vehículos con carga forestal, por lo que los controles deben ser más rigurosos y coordinados entre las autoridades competentes.
La directora detalló que el trabajo del puesto consiste en verificar físicamente las especies, medidas y volúmenes de madera para comprobar que coincidan con la guía de transporte forestal. Cuando existen discrepancias o indicios de ilegalidad, se inmoviliza la carga y se da aviso a la Policía de Medio Ambiente y a la Fiscalía.
Según explicó, el cargamento incautado en julio —vinculado al caso denunciado— correspondía a 13.500 pies de madera de la especie “oje”, equivalente a un tráiler completo. En otras intervenciones, los volúmenes varían entre 2.000 y 3.000 pies por operación.
La funcionaria indicó que las especies más incautadas actualmente son bolaina, oje, wimba, cumala, tornillo y moena, mientras que las maderas de alto valor comercial, como el cedro o la caoba, ya no se transportan con frecuencia debido a los controles del Serfor y el Osinfor.
Aclaró que las especies más valiosas —como cedro y caoba— han reducido drásticamente su tránsito debido a la sobreexplotación histórica y al control más estricto que ejerce el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) y el Osinfor.
El dato
La funcionaria señaló que actualmente, Ucayali concentra la mayor producción y tránsito de madera que ingresa a Huánuco, y que los cargamentos incautados se donan a instituciones públicas, entre ellas colegios, postas médicas, comedores populares y centros penitenciarios, para fabricar muebles y materiales de uso social.
