La presidenta de Perú, Dina Boluarte, y el ministro del Interior, Walter Ortiz, están siendo investigados por el fiscal de la Nación por presuntos delitos de encubrimiento personal y abuso de autoridad, tras la desactivación de un grupo especial de la Policía Nacional. Este equipo brindaba apoyo crucial al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop), liderado por la fiscal Marita Barreto.
La medida de desactivación se formalizó a través de la Resolución Ministerial n° 0610-2024-IN, emitida el 9 de mayo, argumentando duplicidad de funciones con la División de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), aunque se aseguró que la Policía continuaría su colaboración con Eficcop.
Este acontecimiento ocurre en un contexto delicado, ya que un día después de la resolución, el hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte, y su abogado, junto con otras seis personas, fueron detenidos por supuestos vínculos con la organización criminal ‘Los Waykis en la sombra’.
El Ministerio Público ha iniciado diligencias preliminares para investigar las acciones de Boluarte y Ortiz, lo que podría tener profundas repercusiones en la administración actual y en la operatividad de los esfuerzos anticorrupción en el país.
