La Fiscalía dispuso el inicio de diligencias preliminares contra los jueces Max Vengoa, Juana Caballero y Nayko Coronado, quienes integraron el colegiado que sentenció en primera instancia al expresidente Ollanta Humala Tasso y a su esposa Nadine Heredia a 15 años de prisión por el delito de lavado de activos. La medida responde a una denuncia presentada por el exmandatario, quien cuestiona la legalidad de la ejecución de la sentencia y el procedimiento seguido por los magistrados.
La investigación está a cargo de la Séptima Fiscalía Corporativa Penal Superior, que evaluará la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad, omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, prevaricato y falsedad ideológica. Como parte de las diligencias, se dispuso la toma de declaraciones del propio Humala Tasso, de los jueces denunciados y del procurador público del Poder Judicial.
Asimismo, el Ministerio Público solicitó a la Autoridad Nacional de Control (ANC) del sistema judicial que remita toda la información relacionada con las quejas funcionales presentadas por el expresidente contra los magistrados desde abril de 2025 hasta la actualidad, así como el récord de procedimientos disciplinarios y eventuales sanciones.
De acuerdo con la denuncia presentada por Ollanta Humala, la principal irregularidad se habría producido cuando fue recluido en el penal de Barbadillo tras el adelanto de fallo realizado el 15 de abril de 2025. El expresidente sostiene que dicha medida contraviene lo establecido por el Tribunal Constitucional, que ha señalado que los adelantos de fallo no son ejecutables hasta que se realice la lectura íntegra de la sentencia.
Según el documento, la lectura completa del fallo recién se efectuó el 29 de abril; sin embargo, Humala afirma que en esa fecha no se le notificó formalmente la sentencia ni se le entregó copia íntegra del documento, tal como lo exige el numeral 3 del artículo 396 del Código Procesal Penal. La notificación completa, según la denuncia, recién se habría realizado el 2 de mayo.
Por estos hechos, el exmandatario sostiene que se ordenó su privación de la libertad sin contar con una sentencia debidamente motivada y formalmente notificada, lo que —a su juicio— configura un acto arbitrario atribuible a los magistrados denunciados.
En la denuncia, Humala Tasso detalla que el presunto delito de abuso de autoridad se habría materializado al disponerse su encarcelamiento inmediato sin un mandato judicial expreso sustentado en una sentencia íntegra. En cuanto al presunto prevaricato, sostiene que los jueces no se habrían ajustado a la ley al ordenar su detención en dichas condiciones.
Respecto a la presunta falsedad ideológica, el documento señala que se habrían consignado datos inexactos en los registros judiciales, al indicarse que la sentencia fue leída íntegramente cuando —según el denunciante— ello no ocurrió en los términos exigidos por la norma. También se menciona que la sentencia no habría estado debidamente elaborada ni firmada en el momento en que se ejecutó la medida restrictiva de libertad.
