Las 28 muertes de manifestantes durante enfrentamientos con la policía comienzan a traer consecuencia en la política. La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ordenó el inicio de diligencias preliminares contra la presidenta de la República, Dina Boluarte.
Las diligencias alcanzan también al actual presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, en su condición de ministro de Defensa, y el exministro del Interior César Cervantes.
Esta investigación nace a partir de la denuncia presentada por los abogados Abimael Méndez Conde, Yuri Martínez Ochoa, Víctor Porras Rivera y Jack Diburga Cuba.
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La denuncia también comprende a los altos mandos policiales, entre ellos el jefe de la Macro Región Policial de Ayacucho, general PNP Antero Mejía Escajadillo. Así como el comandante general de la Segunda Brigada de Infantería Militar de Ayacucho, general EP Jesús Vera Ipenza, entre otros.
Al iniciar diligencias preliminares, el despacho de la fiscal de la Nación recabará información pública y de los organismos estatales. Esto permitirá tener una información clara y detallada sobre lo ocurrió durante la represión de las marchas que se desarrollaron en Huancavelica, Ayacucho, Arequipa y otras regiones del país.
Las fuentes del Ministerio Público no descartan que se llame a declarar a los jefes militares y policiales.
