El Ministerio Público ha dispuesto la incorporación formal de trece regidores del JNE Provincial de Huánuco como investigados en un proceso por los presuntos delitos de abuso de autoridad y omisión de actos funcionales. La medida responde a la denuncia planteada por el ciudadano Limber Hamilton Rodríguez Jara, quien cuestionó la reiterada suspensión de sesiones destinadas a debatir un pedido de vacancia.
La disposición fiscal detalla que el 1 de abril de 2025, una sesión extraordinaria del concejo —convocada para evaluar el pedido de vacancia de trece regidores— fue suspendida por tercera vez. El argumento de los concejales fue la necesidad de una nueva consulta al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), pese a que, según el denunciante, dicho organismo ya había aclarado que no corresponde pronunciarse sobre procedimientos de vacancia específicos, por tratarse de competencias autónomas del concejo.
Rodríguez Jara manifestó que este comportamiento constituiría una dilación injustificada del procedimiento administrativo. Las anteriores suspensiones, sumadas a esta última, habrían vulnerado el principio de funcionalidad y transparencia en la administración pública.
Incluidos en la disposición
En base a la declaración del denunciante y a los primeros actos de investigación, la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco, a cargo del fiscal John Albert Solano Robles, decidió incluir como investigados a los siguientes ciudadanos: Juan Antonio Jara Gallardo (presidente del concejo), Joel Arteaga Calixto, Jhim Espinoza Caqui, Xiomi Lazameta Castañeda, Álvaro Fernández Portugal, Edith Flores Ureta, Emilio Fernando Sholl Ponce, Carol Espinoza Rojas, Víctor Laurencio Silvestre, Estefany Xiomara Alcedo Aparicio, Alex Remigio Hilario y Luz Patricia Ramírez Vara.
La investigación también considera como agraviados al Estado —representado por la Municipalidad Provincial de Huánuco— y al ciudadano denunciante.
Citaciones fiscales y diligencias programadas
La disposición Nº 02-2025 establece un plazo de 72 horas para que los investigados designen abogados defensores. En caso contrario, se les asignará un defensor público. Asimismo, se han programado diversas diligencias entre el 26 y el 29 de mayo, incluyendo la ampliación de declaración del denunciante y las declaraciones indagatorias de los trece implicados.
También se solicitó nuevamente a la Municipalidad Provincial remitir información oficial sobre los integrantes del concejo y copia certificada del acta mediante la cual se suspendió la sesión del 1 de abril.
Dato:
El expediente señala que el JNE no tiene competencia para intervenir en la decisión de vacancia, lo que reforzaría el argumento de una posible omisión dolosa por parte del concejo. No obstante, hasta el momento, ninguno de los investigados ha emitido pronunciamiento público sobre la disposición fiscal.
