La Fiscalía de la Nación ha formalizado 18 investigaciones preparatorias contra 154 miembros de la Policía Nacional y del Ejército del Perú. Estas acciones legales responden a acusaciones de violaciones de derechos humanos durante las protestas sociales que sacudieron al país entre diciembre de 2022 y marzo de 2023.
Según informes, las protestas resultaron en la muerte y lesiones de 267 personas, con incidentes reportados en varias regiones incluyendo Ayacucho, Puno, Cusco, y Lima. Los incidentes más graves ocurrieron en Ayacucho, donde 27 miembros del Ejército están implicados en actos de violencia que afectaron a 55 personas.
El escándalo se extiende a Puno, donde se investigan a 24 miembros de la policía por la muerte de dos ciudadanos en Macusani, y a 19 miembros del Ejército y la Policía por la muerte de 18 personas en el aeropuerto Inca Manco Cápac. En Cusco, se han iniciado dos investigaciones contra 22 agentes por violencia durante las protestas.
Estas investigaciones surgen en un momento crítico para Perú, donde la confianza en las fuerzas del orden está profundamente erosionada. Las autoridades han asegurado que seguirán profundizando en las investigaciones para garantizar que se haga justicia y para restaurar la fe en sus instituciones gubernamentales y de seguridad.
