La Fiscalía de la Nación ha emitido una exigencia formal a la presidenta Dina Boluarte para que entregue en un plazo máximo de 24 horas documentos clave que respalden su versión sobre la intervención quirúrgica a la que se sometió en junio de 2023. Esta solicitud se enmarca dentro de la investigación que se le sigue a la mandataria por presuntos delitos de omisión de actos funcionales y abandono de cargo. El requerimiento, que también incluye las 91 normas que Boluarte asegura haber firmado entre el 28 de junio y el 9 de julio de 2023, fue revelado el 16 de enero de 2025 a través de las redes sociales oficiales de la Fiscalía. “La Fiscalía de la Nación informa que, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, ha requerido a la investigada Dina Ercilia Boluarte Zegarra, o a su defensa, que cumpla con remitir —en el plazo de 24 horas— la siguiente información: las 91 normas en original que asegura suscribió entre el 28 de junio y 9 de julio de 2023, y los documentos sobre su estado de salud que motivaron la intervención quirúrgica”, reza el comunicado oficial.
La solicitud surge en el contexto de la investigación relacionada con la ausencia de la presidenta durante el periodo en que se sometió a una rinoplastia. La operación, según Boluarte, fue crucial para su salud, pero no le impidió desempeñar sus funciones como presidenta. La controversia comenzó cuando la mandataria no informó al Congreso ni al gabinete ministerial sobre su cirugía, lo que provocó dudas sobre la transparencia y la legalidad de su actuar en ese periodo. Además, los reportes del semanario Hildebrandt en sus Trece pusieron en tela de juicio la autenticidad de las 91 normas que Boluarte aseguró haber firmado durante esos días. Según esos informes, las firmas de la presidenta en los documentos eran cuestionables, lo que motivó la intervención de la Fiscalía.
La cirugía de la controversia: rinoplastia o incapacidad para ejercer funciones
El 13 de enero de 2025, Dina Boluarte compareció ante la Fiscalía, donde respondió durante más de cuatro horas a un total de 45 preguntas. Durante su interrogatorio, la mandataria defendió su postura, asegurando que la cirugía de rinoplastia fue “imprescindible para su salud” y que no afectó su capacidad para cumplir con sus responsabilidades presidenciales. “La intervención quirúrgica no implicó incapacidad para ejercer mis funciones”, manifestó Boluarte en su defensa. A pesar de estas declaraciones, la Fiscalía mantuvo sus dudas sobre la veracidad de los documentos presentados, por lo que solicitó pruebas médicas adicionales.
En su defensa, la presidenta argumentó que en los días en que se sometió a la operación, ella firmó 91 normas, entre decretos y resoluciones, lo que demostraba que continuaba cumpliendo con sus responsabilidades. Sin embargo, los reportes de Hildebrandt en sus Trece indicaron irregularidades en las firmas de esos documentos, lo que llevó a la Fiscalía a solicitar la entrega de las normas originales para verificar su autenticidad. La controversia no solo afecta la credibilidad de Boluarte, sino también la de los funcionarios que respaldaron sus decisiones en ese periodo, lo que genera más preguntas sobre la transparencia del proceso.
Respuesta política y reacciones
La citación de la presidenta ante la Fiscalía también generó reacciones políticas en el país. El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, expresó su indignación ante la citación de Dina Boluarte, calificando de “insensato” que la mandataria fuera acusada de omitir sus funciones. “En mi opinión personal, ya hemos llegado al límite de la insensatez. ¡A quién se le puede ocurrir que la presidenta de la República en algún momento pudo haber omitido sus funciones cuando estaban allí, entre otros, los innumerables dispositivos que ella firmó de puño y letra?”, señaló Adrianzén en un evento oficial.
Este tipo de comentarios reflejan la polarización política en torno a la figura de Boluarte, ya que mientras algunos funcionarios y seguidores defienden la transparencia de su gestión, otros critican la falta de claridad en los procedimientos que rodearon su cirugía. Este conflicto pone en evidencia las tensiones entre el Ejecutivo y el sistema judicial, así como las presiones políticas que enfrenta la presidenta en medio de investigaciones y casos legales en curso.
Otros procesos judiciales en curso contra la presidenta
El caso de la rinoplastia no es el único proceso legal en el que Dina Boluarte está involucrada. La presidenta enfrenta varias investigaciones por otros presuntos delitos. Uno de los casos más relevantes involucra las muertes ocurridas durante las protestas antigubernamentales a finales de 2022 y principios de 2023. Aunque el cargo de genocidio fue desestimado en julio de 2024, la Fiscalía sigue investigando los casos de homicidio y lesiones graves en relación con las víctimas de las manifestaciones. Las protestas, que fueron reprimidas por las fuerzas de seguridad del gobierno, dejaron un saldo de muertos y heridos, lo que ha generado un clima de tensión y críticas hacia el gobierno de Boluarte.
Otro caso que también involucra a la mandataria es el denominado Rolexgate, en el que se investiga a Boluarte por presunto enriquecimiento ilícito relacionado con la posesión de relojes de lujo, entre ellos un Rolex valorado en 19.000 dólares. La Fiscalía está evaluando si estos relojes fueron obsequios de funcionarios vinculados a actos de corrupción. Este caso ha puesto en duda la transparencia de la presidenta y ha aumentado la presión sobre su administración.
Además, Boluarte también enfrenta acusaciones de presunto encubrimiento en relación con la fuga del líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, quien es investigado por corrupción. Se sospecha que la mandataria facilitó la fuga de Cerrón al permitirle usar el vehículo presidencial, lo que ha generado un nuevo frente judicial en su contra.
Desafíos legales y políticos para Dina Boluarte
En medio de estos diversos casos legales, la figura de Dina Boluarte se encuentra en una encrucijada. La fiscalía continúa su labor investigativa, mientras la presidenta intenta defender su gestión y su integridad ante las crecientes críticas y las presiones tanto políticas como sociales. La exigencia de la Fiscalía de que entregue documentación clave sobre su rinoplastia y las normativas firmadas en junio y julio de 2023 pone en duda la transparencia de sus decisiones en esos días y abre un nuevo capítulo en las investigaciones judiciales que podrían tener un impacto significativo en su futuro político.
El desenlace de estos casos judiciales y su impacto en la presidencia de Dina Boluarte será determinante para entender la dirección que tomará el gobierno en los próximos meses. Mientras tanto, la sociedad peruana sigue atenta a los acontecimientos, con la esperanza de que la verdad prevalezca y las responsabilidades sean asumidas.
