Colegios sin mantenimiento: Paredes con humedad y techos en riesgo ponen en peligro a los estudiantes
Infraestructura escolar al borde del colapso: servicios higiénicos en estado deplorable afectan a miles de alumnos
La fiscal de prevención del delito, Rocío Castro, informó sobre una serie de operativos llevados a cabo en diversas instituciones educativas, tanto públicas como privadas, con el objetivo de verificar las condiciones de seguridad y el proceso de matrícula. Según indicó, estas inspecciones se extenderán a otros sectores vinculados con el inicio del año escolar, como librerías y peluquerías, con el fin de garantizar el cumplimiento de normativas establecidas.
Inspecciones a instituciones educativas
Castro explicó que, en el caso de los colegios privados, la mayoría cuenta con los documentos administrativos requeridos, aunque se identificaron algunos casos en los que el certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE) estaba próximo a vencer o ya había caducado. Ante esta situación, la municipalidad ha procedido a notificar preventivamente a las instituciones afectadas.
En relación con el proceso de matrícula, la fiscal señaló que se han recibido denuncias sobre la exigencia de pagos a la Asociación de Padres de Familia (APAFA), a pesar de que este aporte es de carácter voluntario. Para abordar este problema, la Fiscalía ha distribuido afiches informativos en los colegios, aclarando que las contribuciones a APAFA no pueden ser obligatorias.
Respecto a las instituciones educativas públicas, se detectaron irregularidades similares, con casos en los que algunos colegios vinculaban el pago a APAFA con la entrega de beneficios del programa Qali Warma, lo que, según la fiscal, no debe condicionar la matrícula de los estudiantes.
Deficiencias en infraestructura y servicios básicos
Sobre la infraestructura de los colegios, Castro mencionó que las deficiencias más graves se encuentran en las instituciones públicas, muchas de las cuales carecen de presupuesto suficiente para obtener el certificado ITSE. Explicó que, debido al costo elevado de este documento, se recomienda a los colegios públicos establecer convenios con universidades privadas o con la Universidad Nacional Hermilio Valdizán (Unheval) para desarrollar los expedientes técnicos necesarios, que representan una de las partes más costosas del trámite.
La fiscal también indicó que, si bien la Fiscalía no cuenta con peritos en ingeniería estructural, en las inspecciones realizadas con Defensa Civil se han identificado problemas visibles como paredes con humedad. En estos casos, se emiten recomendaciones para que las instituciones educativas realicen las mejoras necesarias.
Uno de los problemas más recurrentes es el estado de los servicios higiénicos en los colegios públicos, los cuales, según la fiscal, se encuentran en condiciones “pésimas”. Explicó que, si bien los colegios reciben un presupuesto, este suele ser insuficiente y se priorizan otros aspectos, dejando de lado el mantenimiento adecuado de baños y otras instalaciones esenciales.
Cultura de cuidado en los colegios
Además de las carencias estructurales, Castro destacó la falta de una cultura de cuidado por parte de los estudiantes, lo que agrava la situación de los colegios. Mencionó que, en algunos casos, los directores han evidenciado que los alumnos desperdician materiales como papel higiénico, lo que complica aún más el mantenimiento de los baños.
Explicó que, al inicio del año escolar, los servicios higiénicos suelen encontrarse en buen estado, pero con el tiempo se deterioran debido al mal uso por parte de los estudiantes. Como solución, algunas instituciones han optado por que los docentes administren los insumos de higiene, aunque esta medida no es sostenible a largo plazo.
Impacto de recientes incidentes en la supervisión de infraestructura
Consultada sobre si los recientes incidentes de colapsos estructurales, como el ocurrido en el centro comercial Real Plaza de Trujillo, han generado una mayor rigurosidad en las inspecciones, Castro aseguró que la Fiscalía ya realizaba estos operativos antes de dicho suceso. Señaló que, aunque actualmente hay una mayor atención mediática sobre estos temas, las supervisiones en los colegios han sido parte de un trabajo continuo.
Entre los casos críticos que la Fiscalía está monitoreando se encuentra el de la institución educativa Pedro Sánchez Gavidia, donde, según informó, las autoridades han tomado la decisión de reubicar a los alumnos debido a los riesgos existentes en su infraestructura.
Finalmente, Castro hizo un llamado a la comunidad educativa para que asuma una mayor responsabilidad en el cuidado de las instalaciones escolares. Destacó que la inversión en infraestructura será inútil si no se fomenta una cultura de conservación y respeto por los espacios educativos, subrayando que tanto los estudiantes como los padres de familia deben contribuir en este aspecto.
