El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, confirmó que este martes 6 de enero se oficializará la disolución de los Equipos Especiales del Ministerio Público, una medida que impacta directamente en algunas de las investigaciones más sensibles del país. El anuncio, realizado tras la decisión adoptada el 19 de diciembre, incluye al Equipo Especial Lava Jato, Los Cuellos Blancos del Puerto, el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop) y el Equipo Especial para casos con víctimas durante las protestas sociales (Eficavip).
El propio Gálvez justificó el momento elegido para concretar la disolución con una frase que ha generado polémica: señaló que se realizará en el marco de la Bajada de Reyes, porque —según afirmó— algunos miembros de estos equipos “se han considerado reyes”. Con esa expresión, dejó entrever que su decisión no solo sería administrativa, sino también un mensaje político y simbólico hacia los fiscales que integraban estos grupos.
“Ya están disueltos prácticamente. Ya se ha tomado la decisión. Como estos se han considerado reyes, vamos a hacerlo el día de la Bajada de Reyes… bajamos a los reyes, a los reyes entre comillas”, declaró durante una entrevista, marcando un tono confrontacional en torno a una reestructuración que ha encendido alertas en el sistema de justicia.
La medida genera especial atención porque el Ministerio Público atraviesa una etapa de alta tensión institucional, y porque el propio Gálvez registra cuestionamientos al estar investigado por el caso Los Cuellos Blancos del Puerto, una investigación que justamente era impulsada por uno de los equipos afectados.
Según explicó Tomás Gálvez, la reestructuración no implica el cierre de investigaciones, sino la redistribución de expedientes. Las carpetas que manejaban los Equipos Especiales serían derivadas a fiscalías ordinarias o a unidades especializadas, dependiendo de la naturaleza del caso. Sin embargo, este traslado abre una interrogante central: ¿se garantizará continuidad técnica y conocimiento acumulado?
Uno de los primeros en advertir consecuencias fue Rafael Vela Barba, coordinador del Equipo Especial Lava Jato, quien alertó que la disolución puede frenar o debilitar investigaciones, ya que estos procesos pasarían a manos de fiscales que no necesariamente dominan el historial completo de los casos.
Vela sostuvo que esperaban ser convocados para discutir la medida desde un enfoque técnico y funcional. En su lectura, una decisión de esa magnitud debía basarse en criterios estrictamente institucionales, no en interpretaciones personales ni discursos simbólicos.
La preocupación no es menor: estos equipos operaban como unidades de alta especialización y dedicación exclusiva, creadas precisamente para sostener investigaciones complejas, con redes criminales, múltiples imputados, evidencia internacional y procesos de larga duración. En esa lógica, el riesgo principal es que el traslado de expedientes rompa la línea de investigación, diluya prioridades o ralentice avances.
