Fiscalía cita a Alberto Otárola para esclarecer operativo fallido contra Vladimir Cerrón

El Ministerio Público ha citado al expresidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, para que brinde su declaración en el marco de las investigaciones por el caso conocido como el ‘Cofre’, relacionado con un presunto encubrimiento al prófugo Vladimir Cerrón. Según informó Josué Chávez Cardoza para La República, Otárola deberá detallar si tuvo conocimiento del operativo realizado en el condominio Mikonos, ubicado en el distrito de Asia, Cañete, donde se intentó capturar al líder de Perú Libre en enero de 2024.

Detalles de la citación

La diligencia está programada para el miércoles 8 de enero en el Área Especializada de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales del Ministerio Público. Según la resolución emitida, Otárola deberá declarar sobre si, en su calidad de presidente del Consejo de Ministros, tuvo acceso a información relacionada con la ubicación de Cerrón y el operativo policial llevado a cabo del 16 de enero al 24 de abril de 2024.

Con la finalidad que deponga, si en su condición de presidente de Consejo de Ministros, tomó conocimiento de información relacionada a la ubicación de Vladimir Roy Cerrón Rojas en el Condominio ‘Mikonos’, ubicado en el distrito de Asia, Cañete-Lima, así como de la realización de un operativo policial con la finalidad de capturarlo”, señala el documento oficial.

El contexto del caso ‘Cofre’

El caso se remonta a principios de 2024, cuando la Brigada Especial contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional del Perú (PNP) realizó un operativo en el exclusivo condominio Mikonos con el objetivo de capturar a Cerrón, condenado en ese momento a 3 años y 6 meses de prisión por el caso Aeródromo Wanka.

Si bien el Tribunal Constitucional anuló posteriormente esta condena, Cerrón sigue siendo investigado por el caso Antalsis, que lo mantiene bajo una orden de prisión preventiva de 18 meses.

Implicación de Dina Boluarte y otros funcionarios

Además de Otárola, la presidenta Dina Boluarte ha sido citada para declarar ante la Fiscalía el próximo 15 de enero. La mandataria enfrenta una investigación preliminar que tendrá una duración de 8 meses, en la que se examinará su presunta participación en el encubrimiento del prófugo Cerrón.

Otros citados incluyen al ministro del Interior, Juan José Santiváñez; Gabriel Gustavo Herrera, representante de la Junta de Propietarios del condominio Mikonos; y Félix Montalvo Guevara, conocido como el ‘Cofre’, exchofer del vehículo presidencial.

Las preguntas clave sobre Otárola

El Ministerio Público busca determinar si Otárola estaba al tanto de los detalles del operativo policial y, de ser así, qué acciones tomó como jefe del gabinete ministerial. Su testimonio será crucial para esclarecer si existió una coordinación desde los altos niveles del Ejecutivo en relación con la captura fallida de Cerrón.

El Ministerio Público viene recogiendo los testimonios para esclarecer lo ocurrido en el condominio de Mikonos”, indicó una fuente oficial.

Reacciones políticas y sociales

El caso ha generado un amplio debate político y social. Por un lado, las investigaciones buscan desenmascarar posibles encubrimientos o negligencias en el manejo de un caso de alto perfil como el de Vladimir Cerrón. Por otro lado, los implicados, incluyendo a Otárola y Boluarte, han enfrentado cuestionamientos sobre su rol en los hechos.

Hasta el momento, el expresidente del Consejo de Ministros no ha emitido declaraciones públicas sobre su citación, mientras que la presidenta Boluarte ha asegurado su disposición a colaborar con las investigaciones.

El operativo en Mikonos: ¿un fracaso planificado?

Durante el operativo en el condominio Mikonos, se reportaron múltiples irregularidades que han alimentado las sospechas de encubrimiento. Testimonios de los residentes y documentos oficiales han revelado contradicciones en los tiempos y acciones de las autoridades involucradas.

La demora en la captura de Cerrón, a pesar de la orden judicial vigente, plantea preguntas sobre la eficacia y la transparencia de las instituciones encargadas de garantizar la justicia.