El Ministerio Público decidió archivar la investigación preliminar contra la presidenta Dina Boluarte y la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, por presuntos delitos vinculados a la administración pública. Según la resolución oficial, no se hallaron elementos suficientes que ameriten continuar con el proceso judicial.
Boluarte era investigada por el supuesto delito de cohecho pasivo impropio, mientras que Benavides enfrentaba cargos por cohecho activo genérico. Ambos están tipificados en el Código Penal peruano. El caso se sustentaba principalmente en las declaraciones de Jaime Villanueva, exasesor de la Fiscalía, quien alegaba un intercambio de favores políticos entre las altas autoridades.
El abogado de la mandataria, Juan Carlos Portugal, celebró la decisión y criticó la calidad del testimonio de Villanueva, al que calificó de “circular” e “inverosímil”. Señaló que existía una ausencia de elementos básicos que sustenten la acusación, por lo que solicitó que se revisen los beneficios otorgados al exasesor bajo la figura de colaborador eficaz.
Villanueva había afirmado que Boluarte y Benavides habrían pactado mantener en el cargo al general Raúl Alfaro, entonces jefe de la Policía Nacional, a cambio de evitar una denuncia constitucional. Sin embargo, Alfaro fue finalmente retirado, lo que, según la defensa, desacredita la versión presentada.
También involucró a Boluarte en el caso “Los dinámicos del centro”, señalando que en 2022 fue contactado para interceder en una investigación por lavado de activos. Según su versión, buscaban impedir una solicitud de prisión preventiva contra la entonces ministra para allanar su camino a la presidencia, tras la eventual salida de Pedro Castillo. A cambio, el fiscal Rafael Vela habría solicitado apoyo para ser promovido a fiscal supremo.
Villanueva incluso relató haber mantenido contacto directo con Boluarte y coordinado designaciones en Pronied y Fovipol, atribuidas a pedidos de la Fiscalía como parte del supuesto acuerdo.
No obstante, la Fiscalía consideró que los indicios eran insuficientes para sostener la imputación penal.
