Fiscalía archiva denuncia contra alcalde y regidores de Huánuco por supuestos cobros indebidos

Concluyendo que no cometieron ningún delito, la Fiscalía Anticorrupción archivó la denuncia del dirigente Yonel Soto contra el alcalde Aníbal Solórzano y sus regidores provinciales, por supuestos cobros indebidos y malversación de fondos.
Con disposición fiscal Nº 004 del 16 de febrero, la fiscal adjunta Isabel Fernández Aquino, del Cuarto Despacho de la Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, archivó la denuncia contra el alcalde y los concejales que fueron acusados de haberse incrementado el sueldo indebidamente.
Soto los denunció el año pasado aduciendo que aprobaron la ratificación del sueldo del alcalde que percibía la exgestión, contraviniendo la Ley de Presupuesto 2015 que prohíbe el incremento de sueldos. Con ello los regidores también incrementaron sus dietas.
Durante las investigaciones, el alcalde, regidores y gerentes municipales aclararon que no incrementaron el sueldo del alcalde sino que fijaron las remuneraciones aprobadas por la exgestión. Solórzano aclaró que el concejo solo cumplió el presupuesto aprobado por la gestión anterior.
Su asesor legal Raúl Oyarce explicó que se consideró la población electoral de 2014 para determinar la escala remunerativa que correspondía al alcalde y el gerente de Planificación, Ubaldo Santiago, dejó claro que las remuneraciones estaban presupuestadas en el Presupuesto Analítico de Personal de 2014. “Asesoría Legal y Presupuesto efectuaron los cálculos en mérito a la Ley Orgánica de Municipalidades, que establece que la remuneración del alcalde debe ser fijada por el concejo en el primer trimestre del año de gestión”, explicó el gerente municipal.
La Gerencia de Presupuesto realizó un cálculo numérico del sueldo del alcalde, en función de la población electoral de 2014, que era de 192,517 electores, correspondiendo al burgomaestre un sueldo de S/ 9,750.00 (7,150 soles de remuneración y S/ 2600 soles de asignación por ser capital de provincia) y a los regidores una dieta de S/ 2,950 a razón de S/ 731.25 por sesión.
Determinando que la comuna estaba dentro de la escala remunerativa que le correspondía y que la Contraloría General de la República no determinó la ilegalidad de los sueldos, la fiscal decidió archivar la denuncia.