Desde el inicio del estado de emergencia hasta el 30 de junio, se registraron 925 denuncias por presuntas irregularidades. De acuerdo al fiscal supremo Omar Tello, coordinador nacional de las fiscalías anticorrupción.
Asimismo, se dio a conocer que de estas denuncias 105 están vinculadas a irregularidades en la compra de material de bioseguridad, y 308 denuncias son por irregularidades en la compra y distribución de canastas.
“Contra las municipalidades manejamos 596 denuncias de todo tipo. Estamos hablando de los presuntos delitos de peculado, de colusión simple. Asimismo de negociación incompatible y cohecho. Vinculadas a las canastas, tenemos 308 investigaciones”, comenta Tello.
Tras decretar estado de emergencia, el Ejecutivo destinó S/ 213 millones 650 mil a favor de diversos gobiernos locales para financiar la adquisición y distribución de canastas básicas para familias en condición de necesidad. Sin embargo, muchas veces la ayuda no terminó en manos de quienes realmente la necesitaban.
“Algunas canastas han sido sustraídas por parte de los mismos funcionarios municipales. Para crear una apariencia de entrega se han generado padrones que no establecen la recepción real de estos productos. Hay personas que figuran como beneficiarios y como si hubiera recibido las canastas, pero en realidad nunca las recibieron. En otros casos, el nombre registrado no guarda correlación con el DNI”, dice el representante de la fiscalía.
“Lo que nosotros estamos por establecer ahora es si hay alguna vinculación entre ellos y los funcionarios municipales”, dice.
El 16 de marzo el Gobierno decretó el estado de emergencia, al poco tiempo la Contraloría General y la fiscalía empezaron a investigar un amplio número de denuncias contra funcionarios ediles de todo el país por corrupción y mal manejo de los fondos destinados a atender la pandemia.
En Huánuco, la fiscalía anticorrupción allanó el último martes la Municipalidad Distrital de Amarilis tras la advertencia de la Contraloría. Esta entidad detectó que las bolsas de víveres repartidas a las familias vulnerables estaban incompletas.
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