La Fiscalía de la Nación allanó este martes la casa y oficina de la congresista María Agüero, representante de Perú Libre, en el marco de una investigación por presunta retención de parte del salario de sus trabajadores. De acuerdo con el informe de Luis Paucar para Infobae, las autoridades intentan reunir pruebas de un esquema que Agüero habría dirigido para apropiarse de hasta el 10% de los sueldos de su personal, presuntamente con la colaboración de asesores cercanos. Agüero, en declaraciones previas, negó las acusaciones y defendió la transparencia de sus cuentas, pese a las denuncias en su contra.
La investigación comenzó luego de que el programa Punto Final destapara el caso en agosto, cuando una extrabajadora anónima señaló a Agüero y a César De la Cruz, abogado y asesor de la congresista, como responsables del recorte de salarios. Según la denunciante, el abogado recolectaba parte de los pagos y bonos de los trabajadores para transferirlos a la congresista, quien justificaba estos recortes en función de “gastos del partido”. Además, habría exigido contribuciones adicionales a sus empleados, como la cobertura de arreglos de su vehículo personal.
Documentos presentados por Punto Final revelaron transferencias directas de De la Cruz a Edson Flores, quien ha trabajado como coordinador de Agüero desde 2021 en Arequipa, totalizando S/27,150. Estos movimientos, al parecer, coincidían con las visitas de la legisladora a su región de representación. Por ejemplo, el 19 de enero de 2023, Flores recibió S/3,400 mientras Agüero estaba en Arequipa. En febrero, Flores obtuvo otros S/5,000, justo antes de una visita de la congresista, lo que ha despertado sospechas sobre el manejo de estos fondos.
El caso también involucra a Joyce Mejía, extrabajadora de la congresista, quien realizó transferencias a Flores poco después de recibir su salario. Mejía habría enviado S/1,890 y S/2,430 en enero de 2023, una conducta que, según las autoridades, podría probar el esquema de recortes. Durante el operativo, Flores fue detenido, y las investigaciones se han intensificado en busca de vínculos adicionales entre Agüero y otros trabajadores implicados en el traslado de dinero de Lima a Arequipa.
Además de este caso, Agüero ha sido cuestionada por su posición económica y su estilo de vida. Un informe de Sudaca reveló que la congresista posee dos propiedades en Los Ángeles, valoradas en más de dos millones de dólares, pese a sus quejas reiteradas sobre el salario insuficiente que percibe en el Congreso. A su vez, se ha informado que utiliza el estacionamiento del Congreso para una camioneta 4×4 de su hermano, justificándolo por la “labor permanente” que cumple como representante de su región.
Aparentemente, Agüero se encontraría en Venezuela, según reportó Canal N. Desde allí, la congresista rechazó las acusaciones en su contra y calificó el operativo como una “instrumentalización de la justicia” y una “cortina de humo” para desviar la atención de otros problemas nacionales. Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre y también investigado, calificó el allanamiento de “amedrentamiento” y señaló que esta medida es un “método de tortura psicológica” incompatible con la democracia.
