La Fiscalía de la Nación ha presentado una nueva denuncia constitucional ante el Congreso contra la presidenta Dina Ercilia Boluarte Zegarra y varios altos funcionarios del gobierno, por su presunta responsabilidad en los homicidios y lesiones ocurridos durante las protestas de diciembre de 2022 a febrero de 2023. Esta acusación incluye a los ex ministros de Defensa y del Interior, quienes son señalados por no haber impedido la represión violenta que resultó en 44 muertos y 116 heridos.
El comunicado oficial de la fiscalía detalla que, bajo la administración de Boluarte, se perpetraron acciones represivas contra los manifestantes, que incluyeron el uso de armas de fuego y objetos contundentes. Estos eventos tuvieron lugar en diversas regiones del país, incluyendo Apurímac, Arequipa y Lima, donde la respuesta del Estado a las protestas fue marcadamente agresiva.
La acusación sostiene que Boluarte y los ministros involucrados tenían control directo sobre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, y por lo tanto, tenían la capacidad y la obligación de prevenir estos actos de violencia. Según la fiscalía, su falta de acción constituye un delito por omisión impropia con dolo eventual.
Este es el segundo intento de la fiscalía por llevar a Boluarte ante la justicia por estos hechos, luego de que una denuncia anterior que incluía el delito de genocidio fuera rechazada por el Congreso en julio. La nueva denuncia, que excluye la acusación de genocidio por falta de evidencia, también hace referencia a incidentes específicos de violencia que resultaron en la muerte de manifestantes y heridas graves a otros, destacando la falta de órdenes ejecutivas para cesar el uso de la fuerza letal.
Este desarrollo legal representa un momento crucial para el Perú, en el contexto de un gobierno ya agobiado por alegaciones de corrupción y mal manejo de las crisis sociales.
