La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ambo dispuso iniciar diligencias preliminares por presuntas irregularidades en un concurso público y en una designación de cargo directivo en la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Ambo. La disposición, contenida en el Caso SGF 591-2025, señala que las indagaciones se desarrollarán durante 60 días bajo conducción de la Policía Nacional.
Concurso CAS 010-2024 en la mira
Según el documento fiscal, la denuncia fue presentada por Yonel Campos Olivas y cuestiona el Concurso CAS N.º 010-2024, que convocó la plaza de abogado especialista en Procedimientos Administrativos Disciplinarios. El denunciante indicó que la ganadora, Carmen del Pilar Bustamante Panduro, no habría acreditado el requisito de un año de experiencia específica en el sector educación, ya que solo registraría poco más de seis meses de experiencia en una municipalidad. La Fiscalía ordenó tomar declaración a la postulante sobre la presunta aceptación de un cargo sin cumplir los requisitos establecidos.
Designación cuestionada en cargo directivo
La misma disposición hace referencia a la designación de Gloria Luz Salcedo Rimac como directora de Sistema Administrativo III en la UGEL Ambo. De acuerdo con el expediente, no se habría acreditado la experiencia mínima en la función exigida por el Decreto Supremo 053-2022-PCM y por la Ley 31419, normas que regulan la idoneidad en cargos de libre designación. La investigación incluye la declaración de la funcionaria por presunta aceptación de un puesto sin reunir los requisitos normativos.
Disposiciones y alcance de la investigación
El Ministerio Público encomendó a la PNP recabar el íntegro de los expedientes vinculados al concurso CAS y a la designación administrativa, así como recibir las declaraciones de los investigados y del denunciante. Además, se indicó que los implicados deberán designar defensa técnica en un plazo de 24 horas, con apoyo de la Defensa Pública en caso de no contar con abogado. La Fiscalía citó como base legal el artículo 381 del Código Penal, que sanciona el nombramiento o aceptación ilegal de cargo público, y advirtió que la calificación fiscal podría variar en función del resultado de las diligencias. Hasta el cierre de esta edición, la UGEL Ambo y las personas mencionadas no habían emitido pronunciamiento.
