En horas de la mañana de ayer, pobladores del Frente de Defensa de los Intereses del centro poblado de Quicacán se apostaron en los predios de La Chancadora y Puente Piedra, a la espera de una diligencia de constatación programada por la Segunda Fiscalía Penal Corporativa de Ambo, la misma que será reprogramada por la inasistencia del fiscal.
Gerardo Gustavo Palomino Velásquez, presidente del Comité del Frente de Defensa manifiesta que miembros de la Dirección Regional de Agricultura (DRA), durante la gestión del exgobernador Rubén Alva Ochoa, a través de la Resolución n.° 199 de 2015, declararon adjudicar los predios a la Cooperativa Quicacán, reconociéndolos como beneficiarios de la Reforma Agraria, los mismos que debieron distribuir tres hectáreas por persona pero que por el contrario, refiere, mediante de argucias legales se apoderaron y las vendieron a terceros.
Todo ello, pese a que el Ministerio de Agricultura había desautorizado la intervención del Gobierno Regional y dejando sin sus predios a beneficiarios y trabajadores. A su vez, el presidente acusa a Alberto Melanio Velásquez Rosales, presidente de la cooperativa de haberse hecho con los terrenos de forma ilegal. Según manifiestan pobladores como Orlando Alvarado Agüero, la cooperativa ha tratado de hacerse con los terrenos al hacer firmar a los mismos pobladores, aprovechándose de la condición de iletrados y que, en su caso particular, han amenazado a su padre, Felipe Alvarado Albino y han logrado sacarlo con una denuncia.
Elvia Ríos Campaña, abogado defensor de los pobladores, señaló que pedirán una reprogramación y que responderán a la demanda de usurpación. Refiere que en este caso se han incurrido en delitos como fraude y el lavado de activos.
A su vez, solicita que la Contraloría investigue a los miembros de la cooperativa.
