La fiscal suspendida Elizabeth Peralta, especializada en casos de lavado de activos, decidió entregarse a las autoridades luego de pasar un día en la clandestinidad. Esto, tras la decisión del Poder Judicial de dictar 18 meses de prisión preventiva en su contra, como parte de una investigación por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho activo específico.
Peralta llegó voluntariamente al despacho del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, donde se iniciará la audiencia de control de identidad. Según su abogado, Benji Espinoza, este acto busca mostrar el respeto de la fiscal suspendida por el proceso judicial:
“La doctora Peralta se está entregando, a pesar de estar en desacuerdo con la decisión judicial. Con más de 40 años de trayectoria, no quiere que esta situación perjudique su hoja de vida”, afirmó Espinoza.
El caso, que ha captado la atención mediática, también involucra al exconductor de televisión Andrés Hurtado y al empresario Javier Meu Lei, señalados como parte de una red de corrupción que habría operado con sobornos millonarios.
Acusaciones: tráfico de influencias y sobornos millonarios
Elizabeth Peralta es acusada de recibir un soborno de un millón de dólares del exconductor de televisión Andrés Hurtado, quien habría actuado como intermediario de la familia Meu Lei. Según la investigación liderada por el fiscal supremo Alcides Chinchay, este dinero buscaba influir en decisiones judiciales clave.
Además, Peralta está implicada en un intento de extorsión a la familia Siucho, propietarios de Quantico Servicios Integrados. De acuerdo con la acusación, la fiscal exigió 100,000 dólares para detener una investigación contra esta empresa. Sin embargo, al no recibir el monto completo, el proceso continuó.
Estos hechos forman parte de un entramado que el Ministerio Público describe como una posible red de corrupción con la capacidad de influir en decisiones judiciales, utilizando sobornos como herramienta principal.
El papel de Andrés Hurtado y los vínculos con Meu Lei
El exconductor Andrés Hurtado, conocido por su faceta mediática, es señalado como una figura clave en la red de corrupción. Según la Fiscalía, Hurtado habría actuado como nexo entre la fiscal suspendida y la familia Meu Lei, empresarios investigados en otros casos por presuntos actos ilícitos.
Hurtado habría facilitado la entrega del millón de dólares a Peralta, una acción que sería fundamental en el esquema investigado por las autoridades. Aunque hasta ahora Hurtado no se ha pronunciado sobre las acusaciones, su implicancia pone de relieve la magnitud del caso y sus posibles ramificaciones.
Audiencia de control de identidad: los próximos pasos
El Poder Judicial anunció que la audiencia de control de identidad de Elizabeth Peralta será transmitida en vivo a través de sus canales oficiales, garantizando la transparencia del proceso. Durante esta sesión, se formalizará su ingreso al sistema judicial bajo el régimen de prisión preventiva.
El Ministerio Público sostiene que esta medida es necesaria para evitar el riesgo de fuga y garantizar que Peralta no interfiera en la investigación. La fiscalía suprema ha enfatizado que el caso no solo busca sancionar a los responsables, sino también desmantelar una red que podría haber operado durante años en el sistema judicial peruano.
Corrupción y justicia: un caso emblemático
El caso de Elizabeth Peralta es uno de los más recientes que pone en el centro del debate la corrupción dentro del sistema judicial peruano. Con figuras públicas como Andrés Hurtado involucradas y sumas millonarias en juego, el caso plantea preguntas sobre la transparencia y las redes de poder que operan al margen de la ley.
Si bien Peralta ha decidido entregarse, la fiscalía insiste en que esto no borra su período en la clandestinidad ni los indicios en su contra. Para algunos analistas, este proceso será un termómetro para medir el compromiso de las instituciones peruanas con la lucha contra la corrupción.
Implicaciones del caso
El impacto del caso Peralta va más allá de las acusaciones individuales. Las redes de corrupción señaladas sugieren un problema estructural dentro del sistema judicial, donde actores públicos y privados colaboran para distorsionar la justicia en su beneficio.
Este caso podría ser un precedente importante para futuras investigaciones, no solo en términos de enjuiciamiento, sino también en la implementación de reformas que prevengan casos similares.
Conclusión
Con la entrega de Elizabeth Peralta, la investigación por tráfico de influencias y cohecho entra en una etapa crucial. Las autoridades deberán determinar si las pruebas presentadas son suficientes para desmantelar la presunta red de corrupción y llevar a los responsables ante la justicia.
Mientras tanto, la atención pública se centra en el desenlace de este caso, que representa un desafío tanto para la transparencia como para la credibilidad del sistema judicial peruano.
