Zoraida Ávalos Rivera, fiscal de la Nación, presentó ante el Congreso de la República una denuncia constitucional contra el exlegislador Jorge Andrés Castro Bravo por los presuntos delitos de concusión y violación de correspondencia.
El Ministerio Público informó que el primer delito se relaciona con el presunto recorte irregular de haberes a empleados de su despacho, los que se habrían usado para el pago de alquileres de su oficina de coordinación parlamentaria en Tacna.
El segundo delito se vincula al supuesto ingreso indebido a una cuenta WhatsApp de una empleada, precisó la Fiscalía de la Nación.
En un programa televisivo, Paola Alave Quispe, excoordinadora parlamentaria en Tacna, afirmó que con su sueldo debía pagar el alquiler del local que Castro utilizaba para sus reuniones en esa región.
Además, refirió que tuvo que solventar los servicios de luz, agua e internet, así como la compra de diarios para la oficina del exlegislador que formó parte de la Concertación Parlamentaria. Alave fue contratada en agosto de 2016 y durante siete meses pagó al alquiler y servicios de la oficina descentralizada. Después, Castro dispuso de un inmueble de su propiedad para el funcionamiento del local.
