La política peruana entra en un nuevo terreno de confrontación. La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, solicitó a la Corte Suprema que el partido Fuerza Popular sea declarado ilegal y quede fuera de las elecciones generales del 2026. El requerimiento plantea además el cierre de todos los locales partidarios a nivel nacional y la prohibición de que la agrupación pueda reinscribirse en el futuro.
Espinoza sustenta su pedido en el artículo 14 de la Ley de Organizaciones Políticas (LOP), que faculta sancionar a los partidos que desarrollen actividades contrarias a los principios democráticos. Según el Ministerio Público, Fuerza Popular no solo habría vulnerado sistemáticamente derechos fundamentales, sino que además promovió discursos y acciones que erosionan la institucionalidad democrática del país.
Conductas antidemocráticas
La Fiscalía identifica cuatro prácticas centrales que justificarían la ilegalización de la agrupación liderada por Keiko Fujimori: Hostigamiento y persecución contra jueces, fiscales, funcionarios electorales y opositores políticos, con el fin de debilitar la independencia de las instituciones, y la expulsión arbitraria de congresistas y aliados, entre ellos Kenji Fujimori, por disentir de la dirección partidaria, lo que se interpreta como una vulneración a la libertad de conciencia y al pluralismo interno.
Asimismo, reinterpretación y minimización de crímenes del conflicto armado interno, impulsando discursos y proyectos legislativos que favorecerían la impunidad de violadores de derechos humanos.
Finalmente, la legitimación de la violencia como método político, visible en la narrativa del supuesto fraude electoral de 2021 y en la cercanía con colectivos radicales como La Resistencia, conocidos por hostigar a periodistas y opositores.
Para la Fiscalía, estas acciones configuran una estrategia sostenida de Fuerza Popular para socavar el sistema democrático y legitimar prácticas de violencia política.
Reacciones y contraataques
La respuesta de Keiko Fujimori no se hizo esperar. A través de su cuenta de X, acusó a Delia Espinoza de encabezar una “cortina de humo” para distraer de los problemas reales del país. “Confiamos en que este pedido abiertamente antidemocrático, a pocos meses de las elecciones generales, no prosperará”, escribió la lideresa fujimorista, en tono de victimización.
La bancada de Fuerza Popular en el Congreso cerró filas en la misma línea. Fernando Rospigliosi arremetió contra la fiscal con ataques personales, mientras Patricia Juárez calificó la solicitud como un exceso y minimizó su alcance.
