Fiscal De La Nacion Advierte Que Ley Penal Contra Menores No Frenara El Crimen Organizado
Fiscal De La Nacion Advierte Que Ley Penal Contra Menores No Frenara El Crimen Organizado

Fiscal de la Nación advierte que ley penal contra menores no frenará el crimen organizado

Durante la ceremonia por el 44° aniversario del Ministerio Público, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, expresó su rechazo a la reciente ley 32330, que permite procesar penalmente a adolescentes de 16 y 17 años como si fueran adultos en casos de delitos graves. La magistrada advirtió que esta medida no impedirá que las organizaciones criminales sigan utilizando a menores de edad.
“Si la criminalidad quiere instrumentalizar a nuestros niños, ya no usarán a jóvenes de 16 o 17, sino de 15 o 14. ¿Vamos a seguir cambiando la ley para perseguirlos como adultos? Ese es el camino equivocado”, sostuvo Espinoza, quien también anunció que el Ministerio Público evalúa acciones legales para revertir la vigencia de dicha norma.
La ley fue promulgada recientemente por el Ejecutivo y permite imputar a menores por delitos como asesinato, extorsión o violación sexual. Espinoza lamentó que se haya aprobado pese a la oposición de sectores especializados que promueven políticas de prevención.
La titular del Ministerio Público también arremetió contra otras propuestas del Congreso, como la ley de extinción de dominio, a la que calificó de “nociva” y generadora de mayor impunidad. Asimismo, criticó la iniciativa que busca otorgar al Senado la facultad de elegir y suspender a fiscales y jueces supremos.
“En un Estado constitucional sería un grave retroceso al equilibrio de poderes. No hay que seguir modelos que debilitan la separación institucional”, enfatizó, aludiendo a la propuesta impulsada por el legislador de Perú Libre, José Balcázar.
Finalmente, Espinoza cuestionó un proyecto adicional del Congreso que permitiría suspender a altos funcionarios, incluidos jueces y fiscales supremos, con solo 50 votos mediante una denuncia constitucional. Advirtió que esta medida representa una amenaza directa a la autonomía del sistema de justicia.