La **credibilidad** de la Corte Penal Internacional (CPI) se ve comprometida ante la decisión de su fiscal jefe, Karim Khan, de apartarse temporalmente de su cargo. Esta medida se produce en respuesta a las acusaciones de conducta sexual inapropiada que pesan sobre él, las cuales están siendo objeto de una investigación independiente.
Según la investigación publicada por The New York Times, la CPI confirmó la decisión de Khan tras la intensificación de los llamamientos para su suspensión mientras se esclarecen los hechos.
Khan, de nacionalidad británica, ha negado sistemáticamente las acusaciones de acoso sexual vertidas por una colega. Estas acusaciones salieron a la luz el año pasado, cuando el diario británico The Daily Mail informó sobre la denuncia de una empleada. Posteriormente, The Guardian publicó que Khan había intentado suprimir las reclamaciones de la denunciante. La controversia se agudiza en un momento particularmente sensible para la CPI, que en los últimos años ha emitido órdenes de arresto contra figuras de alto perfil como Benjamin Netanyahu y Vladimir Putin.
Las órdenes de arresto solicitadas por Khan contra Netanyahu, el Primer Ministro israelí, y otros líderes de Israel y Hamás, acusándolos de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, generaron una fuerte reacción geopolítica a nivel mundial. Previamente, en 2021, había obtenido una orden de arresto contra el presidente ruso Vladimir Putin por ofensas cometidas en el contexto de la guerra en Ucrania. Este historial ha colocado a Khan en el centro de debates internacionales sobre la justicia y la responsabilidad penal individual en conflictos armados. Cabe recordar que la CPI es un tribunal de última instancia, que interviene cuando los Estados no pueden o no quieren investigar y juzgar crímenes graves.
El artículo del Wall Street Journal, que citaba testimonios ante funcionarios de la ONU, intensificó la presión sobre Khan, al revelar que la presunta víctima acusaba a Khan de haberla forzado a mantener relaciones sexuales. Khan, a través de sus abogados, ha reiterado su negación de cualquier conducta inapropiada. Es crucial señalar que el Estatuto de Roma, que fundó la CPI en 2002, establece los crímenes de competencia de la corte, incluyendo el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión.
Los hechos se remontan a mayo de 2024, cuando las acusaciones surgieron internamente en la CPI. La Corte argumentó que no llevó a cabo una investigación interna debido a la falta de consentimiento de la acusadora. Días después de que la Corte archivara el asunto, Khan solicitó las órdenes de arresto contra funcionarios de Israel y Hamás. Esta secuencia de eventos ha alimentado especulaciones sobre posibles motivaciones políticas.
La controversia también se entrelaza con informes sobre una supuesta campaña encubierta de Israel, durante una década, para socavar y desacreditar a la CPI. En octubre pasado, Khan aludió a “una amplia gama de ataques y amenazas” contra la Corte, aunque sin mencionar explícitamente a Israel. La situación actual plantea serias dudas sobre la imparcialidad y la integridad de la CPI, lo que podría afectar su capacidad para llevar a cabo investigaciones y juicios en el futuro.
En noviembre, la Corte emitió las órdenes contra dos israelíes y un líder de Hamas, aunque dos de los líderes de Hamas ya habían fallecido, y posteriormente se confirmó la muerte del tercero. La solicitud de órdenes contra Netanyahu provocó la censura de Estados Unidos, país que no ha adoptado el Estatuto de Roma. Israel tampoco reconoce la jurisdicción de la Corte, lo que significa que Netanyahu y Gallant no se enfrentan a su arresto en su propio país.
