El fiscal de Derechos Humanos Roger Yana decidió inhibirse de continuar con la investigación contra el suboficial Luis Magallanes, sindicado como responsable del asesinato del joven rapero Eduardo “Truko” Ruiz durante las protestas del pasado 15 de octubre.
En su resolución, el magistrado concluye que el caso no configura una violación de derechos humanos, por lo que deberá ser asumido por una Fiscalía Penal Común bajo la figura de homicidio simple o culposo.
La decisión ha desatado una fuerte controversia, pues reabre el debate sobre el uso excesivo de la fuerza policial en manifestaciones sociales y la responsabilidad del Estado frente a la muerte de civiles.
De acuerdo con el documento fiscal, el disparo que acabó con la vida de Ruiz “no configura una violación de derechos humanos en sentido estricto”, debido a que no existen evidencias de una ejecución extrajudicial, tortura ni desaparición forzada.
“El disparo fue individual, aislado y no sistemático”, precisó Yana.
El magistrado añadió que no se habría demostrado la existencia de una orden institucional de disparar, lo que implicaría que Magallanes actuó de manera personal y no por instrucción de sus superiores.
Además, argumentó que la víctima no pertenecía a un grupo vulnerable ni fue objeto de persecución política, cultural o étnica, por lo que el caso no encajaría en los parámetros de competencia de la Fiscalía de Derechos Humanos y contra el Terrorismo.
En su conclusión, Yana sostuvo que continuar con el caso desde su despacho “desnaturalizaría la especialización” de esa unidad fiscal.
La decisión del fiscal Yana coincide con el pedido formulado días atrás por el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, quien había solicitado que el caso pase a la Fiscalía Penal Común.
