El 23 de agosto fue declarado oficialmente como el Día Regional Anticorrupción en Huánuco, una fecha que, según destacó Jeremías Rojas Velásquez, fiscal superior adjunto de la Fiscalía Anticorrupción, busca abrir un espacio de reflexión frente a un problema que afecta los derechos fundamentales y la confianza en las instituciones públicas.
En ese contexto, el funcionario anunció que para el próximo año se prevé la presentación de un Plan Regional Anticorrupción, con la participación de entidades públicas, privadas y de la ciudadanía en general. Aseguró que este compromiso pretende trascender lo simbólico y convertirse en una herramienta de trabajo conjunto frente a un flagelo que considera histórico en el país.
Actividades de sensibilización
De acuerdo con las declaraciones del fiscal anticorrupción, la Comisión Regional Anticorrupción ha desarrollado campañas de difusión del Código de Ética de la Función Pública en instituciones como el Hospital Regional Hermilio Valdizán, la Dirección Regional de Salud y diversas Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) en Ambo, Leoncio Prado y Pachitea.
Rojas indicó que estas acciones buscan generar conciencia en los servidores públicos sobre la necesidad de conducir su labor con transparencia.
El funcionario explicó además que la estrategia también incluye a la comunidad escolar. En coordinación con el Poder Judicial se realizaron encuentros con alumnos de los colegios Leoncio Prado, Illathupa y Juana Moreno, a quienes se transmitió el mensaje de que los deberes frente a la familia, la escuela y la sociedad son esenciales para preservar la integridad de las instituciones.
Según Rojas, este enfoque en los jóvenes es crucial porque representan la reserva moral sobre la que deben sostenerse las políticas públicas de la región. El fiscal precisó que, con estas iniciativas, se está sentando la base para que en agosto del próximo año se pueda presentar un plan integral contra la corrupción que articule a toda la sociedad.
Llamados a denunciar actos ilícitos
Rojas Velásquez enfatizó que los funcionarios y servidores públicos deben ser los primeros en alertar sobre posibles actos de corrupción dentro de sus propias instituciones.
Sostuvo que la transparencia es, en sus palabras, “el soporte del buen gobierno” y que ningún trabajador del Estado debe permanecer en silencio si advierte irregularidades. Recalcó que la lucha contra este problema no puede recaer únicamente en las instituciones de control, sino que debe asumirse de manera colectiva.
El representante del Ministerio Público afirmó que cada ciudadano, desde su rol en cualquier entidad, tiene la obligación de actuar con responsabilidad pensando en el bienestar general. Insistió en que esta cruzada debe ser transversal y no limitarse a declaraciones, sino reflejarse en conductas cotidianas que frenen las prácticas ilegales.
