El fiscal César Gonzales Ramos, representante de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA), advirtió que las personas implicadas en quemas clandestinas de pajonales y arbustos, así como en la explotación aurífera ilegal en zonas aluviales de Puerto Inca, serán procesadas penalmente ante el Poder Judicial de Huánuco, al haber incurrido —según explicó— en delitos ambientales sancionados por el Código Penal peruano.
Durante una entrevista concedida a medios locales, el magistrado calificó estas prácticas como “acciones dolosas y clandestinas” que generan daños irreversibles al ecosistema y vulneran la propiedad privada. Precisó que los responsables de estos actos podrían recibir penas superiores a seis años de prisión por el delito de estragos agravados, previsto en la legislación penal vigente.
Quemas ilegales constituyen delitos
De acuerdo con Gonzales Ramos, las quemas registradas en las últimas semanas en zonas cercanas a Huánuco, como el Cerro San Cristóbal y sectores de Rondos, son de carácter intencional y han ocasionado la muerte de animales, la pérdida de cultivos frutales y daños en viviendas rurales.
El fiscal precisó que, aunque los incendios se produzcan en áreas donde no existen bosques densos —solo pajonales y especies arbustivas—, estas conductas siguen siendo consideradas delitos de peligro común. Explicó que la diferencia radica en la competencia: cuando el daño alcanza formaciones boscosas, la FEMA interviene directamente; en cambio, sí afecta arbustos o zonas agrícolas, el caso pasa a las Fiscalías Penales Comunes.
“El hecho de que no haya bosque no significa que el delito quede impune”, manifestó Gonzales Ramos. Indicó además que la topografía accidentada y la lejanía de las comunidades rurales dificultan las investigaciones y la identificación de los responsables. Por ello, exhortó a los ciudadanos a colaborar con las autoridades mediante registros fotográficos o de video, incluso con georreferenciación, para facilitar la labor fiscal y policial.
El funcionario sostuvo que estos incendios no solo destruyen áreas naturales, sino que ponen en riesgo vidas humanas y la seguridad de las propiedades rurales. “Cada año se reportan casos donde hay pérdidas materiales y hasta muertes, lo que evidencia el peligro social de estas acciones”, enfatizó.
Minería aluvial en Puerto Inca es ilegal
En relación con la explotación aurífera aluvial en el distrito de Puerto Inca, el fiscal Gonzales Ramos calificó esta práctica como “inaceptable e ilegal”, señalando que contraviene la normativa ambiental peruana. Aclaró que, incluso cuando algunos operadores figuran inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), su actividad pierde legalidad al desarrollarse dentro de los cauces de los ríos o en zonas de conservación.
Según precisó, el Decreto Legislativo N.º 1100 establece acciones de interdicción minera frente a este tipo de actividades, que —de acuerdo con el magistrado— provocan graves daños en los ríos, suelos y hábitats naturales. “El interés económico no puede estar por encima del interés social y ambiental”, sostuvo, calificando la minería aluvial como una “lacra social” que afecta a toda la región amazónica.
Gonzales explicó que, si bien Puerto Inca pertenece administrativamente a Huánuco, su competencia jurisdiccional corresponde a las fiscalías ambientales de Ucayali, particularmente de Coronel Portillo, por razones geográficas. No obstante, aseguró que existen coordinaciones permanentes entre las FEMAs de ambas regiones para reforzar la respuesta institucional frente a esta problemática.
