El reciente caso ocurrido en el Gobierno Regional de Huánuco, donde un funcionario no acreditado firmó un acta de adjudicación, no es un simple “error administrativo”. Es un síntoma de una estructura pública donde los controles internos parecen debilitados y la confianza ciudadana se erosiona cada vez que un documento oficial pierde validez por la ligereza de sus propios autores.
El hecho, calificado por las autoridades como un “error involuntario” ya subsanado, ha abierto una investigación fiscal. Mientras tanto, la opinión pública observa con creciente desconfianza cómo los procedimientos de contratación estatal, supuestamente regidos por normas estrictas, terminan expuestos a confusiones y rectificaciones de último minuto.
Según los voceros del Gobierno Regional, el proceso de adjudicación del proyecto “Alameda de la República” fue desarrollado conforme a ley y el error se corrigió antes de generar efectos jurídicos. Sin embargo, el acto de firmar sin estar autorizado no puede entenderse únicamente como un desliz formal. En un contexto donde la corrupción ha impregnado la gestión pública, incluso una irregularidad “inocente” se convierte en símbolo de desorden y opacidad institucional.
La transparencia no se mide por la rapidez de una rectificación, sino por la fortaleza de los mecanismos que impiden que ocurran estos hechos. Si la supervisión administrativa no detecta a tiempo quién firma, quién valida o quién responde por los actos oficiales, la ley se cumple solo en el papel.
El subgerente de obras, Jesús Medina Vargas, reconoció haber firmado el acta por confusión y asumió su responsabilidad. Su declaración, lejos de cerrar el caso, evidencia la fragilidad del control interno en los procedimientos regionales. Que un funcionario pueda estampar su firma en un documento tan delicado sin la verificación previa del comité designado pone en cuestión toda la cadena de supervisión.
La Fiscalía ha iniciado diligencias para determinar si este hecho constituye delito o simple negligencia. Sea cual sea el resultado, el daño institucional ya está hecho: la confianza se pierde cuando los procedimientos públicos se tratan con ligereza.
Los errores en la administración pública no solo se corrigen con formularios; se previenen con ética, profesionalismo y control. Lo ocurrido en Huánuco se suma a una larga lista de episodios que, aunque puedan no configurar delitos, revelan un patrón de improvisación que debilita la legitimidad de las instituciones.
El Gobierno Regional asegura estar dispuesto a colaborar con las investigaciones y rechaza cualquier intento de politización. Pero la transparencia no es un trámite: es una práctica diaria. Y mientras las instituciones no comprendan esa diferencia, la desconfianza seguirá firmando por ellas.
