La salida de la presidenta Dina Boluarte del cargo se produjo en medio de una fuerte presión social, marcada por el rechazo ciudadano a su gestión y la exigencia de cambios inmediatos en el Ejecutivo. El anuncio de su renuncia, que se dio a conocer luego de una jornada de manifestaciones intensas, puso fin a un periodo de constantes tensiones políticas y críticas a su capacidad de gobierno.
Fuentes cercanas al Ejecutivo confirmaron que tanto la jefa de Estado como varios de sus ministros dejaron sus cargos tras evaluar el escenario político adverso y la pérdida de respaldo popular. La salida de Boluarte ha sido calificada por diversos sectores como una respuesta tardía frente a una crisis sostenida y una administración con bajo nivel de aceptación.
De acuerdo con información difundida por medios nacionales, la dimisión de la presidenta no fue producto de una decisión voluntaria, sino el resultado de una presión creciente por parte de organizaciones sociales, colectivos ciudadanos y líderes de opinión que durante semanas cuestionaron el rumbo del gobierno. Aunque no se ha emitido un pronunciamiento detallado por parte de Palacio de Gobierno, se confirmó que los ministros del gabinete también presentaron su renuncia, dejando al país en un contexto de incertidumbre política.
Versiones extraoficiales indicaron que la mandataria abandonó Palacio de Gobierno sin mayores declaraciones públicas y en medio de medidas de seguridad reforzadas. Hasta el cierre de esta edición, no se ha precisado quién asumiría el mando de forma transitoria ni cuál será el siguiente paso constitucional para garantizar la continuidad institucional.
Durante su mandato, Boluarte fue señalada en múltiples ocasiones por presuntos actos de omisión y falta de liderazgo ante temas prioritarios como la seguridad ciudadana, la reactivación económica y la gobernabilidad. Diversos analistas políticos habían advertido que el desgaste de su administración era irreversible.
Además, persisten cuestionamientos sobre el manejo de recursos públicos y el supuesto incremento patrimonial de la mandataria, tema que ha sido motivo de investigaciones periodísticas y denuncias aún no esclarecidas por la justicia. Ninguna entidad fiscalizadora se ha pronunciado de forma concluyente hasta ahora, y la información sobre su situación patrimonial no ha sido publicada oficialmente.
La renuncia de Boluarte cierra un capítulo más en la inestabilidad política que ha caracterizado a los últimos años en el país. En menos de una década, el Perú ha atravesado múltiples transiciones presidenciales, todas marcadas por renuncias, vacancias o cuestionamientos de legitimidad.
El escenario post-Boluarte abre una etapa de interrogantes sobre el rumbo inmediato del Ejecutivo. Sectores sociales insisten en la convocatoria de elecciones generales anticipadas como una vía para restablecer la legitimidad del sistema democrático. Hasta el momento, el Congreso no ha fijado una posición unánime al respecto.
