Un video recientemente revelado muestra a Elizabeth Peralta Santur, fiscal superior suspendida, sin preparación adecuada durante su examen de ascenso en 2016 para el cargo de fiscal superior de Lavado de Activos. Esta nueva filtración, expuesta por el programa ‘Punto Final’, pone en evidencia los supuestos favoritismos y manipulaciones dentro del proceso de selección del Consejo Nacional de la Magistratura.
Peralta, quien actualmente enfrenta acusaciones por presunto tráfico de influencias y ha sido vinculada a la devolución ilegal de lingotes de oro en beneficio de Javier Miu Lei y Andrés Hurtado, aparece en el video dando respuestas vacilantes y mostrando un desconocimiento alarmante de conceptos básicos del derecho penal. Según La República, en una investigación firmada por Pamela Arroyo, la fiscal suspendida intentó justificar su nombramiento, pero sus vacíos de conocimiento pusieron en duda su capacidad profesional. A pesar de que Judith Pinto, su contrincante, obtuvo un puntaje superior, Peralta fue quien logró el ascenso.
El video, que data de 2016, muestra a Peralta respondiendo a preguntas realizadas por el magistrado Teódulo Santos Cruz. A lo largo del examen, Peralta no logró responder de manera convincente a preguntas fundamentales como “¿Qué es una república?”, lo que obligó a Santos Cruz a explicarle conceptos básicos del derecho que, con su experiencia, debería dominar.
Supuesto favoritismo en su ascenso
Una de las preguntas más intrigantes que surgió tras la publicación del video es cómo Elizabeth Peralta logró ser nombrada fiscal superior a pesar de su evidente falta de conocimiento. De acuerdo con audios encontrados durante un allanamiento por el caso Chibolín, se presume que Peralta habría llegado a un acuerdo con el magistrado Iván Noguera para que este no le realizara preguntas durante su examen. En el video, se aprecia que Noguera, efectivamente, no participó en la evaluación.
Este nuevo escándalo en torno a Peralta, quien ya enfrenta serias acusaciones de corrupción, refuerza las críticas hacia la falta de transparencia y meritocracia en los procesos de nombramiento de altos funcionarios judiciales en el Perú.
