El Congreso se enfrenta a una semana decisiva, con sesiones programadas desde el martes 11 hasta el viernes 14 de junio, para debatir una serie de controvertidas propuestas de ley antes de que finalice su legislatura el 15 de junio. Entre las medidas más destacadas está la eliminación de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y su reemplazo por la Escuela Nacional de la Magistratura, una movida impulsada por la congresista de Cambio Democrático, Ruth Luque.
Esta serie de reformas incluye también la posibilidad de que el Parlamento pueda elegir y remover a los jefes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), lo que ha sido interpretado como un intento de someter al sistema electoral. Además, está prevista una reforma que aumentaría el número de parlamentarios a 237, y otra que permitiría la amnistía por delitos de lesa humanidad cometidos antes del 2002.
Adicionalmente, se discutirán leyes que podrían debilitar las investigaciones sobre organizaciones criminales y alterar el proceso de allanamiento, exigiendo la presencia de un abogado del investigado para proceder con la diligencia. Otro aspecto preocupante es una iniciativa que otorgaría a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) la autoridad para fiscalizar y sancionar a las ONG por actividades consideradas como activismo político.
En el ámbito cultural, se debate una nueva ley de cine que buscaría regular el financiamiento de películas que relaten violaciones de derechos humanos durante la época del terrorismo en el país. Estas propuestas han generado alarma entre diversos sectores de la sociedad civil que ven en ellas un potencial retroceso para la democracia y los derechos humanos en Perú.
