La seguridad ciudadana en Perú ha sido objeto de debate constante, particularmente en lo que respecta al rol de las Fuerzas Armadas (FFAA) en la lucha contra la delincuencia. Históricamente, la izquierda ha mostrado reticencia a involucrar a los militares en tareas policiales, mientras que la derecha ha abogado por su participación activa, incluso proponiendo que asuman el control de la situación por encima de la Policía Nacional del Perú (PNP). A pesar de haber tenido presidentes con pasado o inclinaciones militares, y congresos de mayoría derechista, esta demanda no se ha concretado plenamente. El incremento de la extorsión y el sicariato tras la pandemia ha intensificado la presión para que las FFAA jueguen un papel más preponderante.
Según la investigación publicada por El Comercio, la problemática del involucramiento de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la delincuencia en Perú es un tema complejo que ha sido evadido a pesar del clamor popular.
Un episodio que complicó aún más la situación fue la respuesta a las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte. Alberto Otárola, entonces ministro de Defensa, buscó alinear al gobierno con la idea de que las FFAA debían combatir el crimen, argumentando que los manifestantes eran en su mayoría “antisociales” y “terrucos”. La intervención militar en Huamanga resultó en la muerte de diez civiles, generando un retroceso y la renuencia de los militares a involucrarse más, dejando la responsabilidad a la PNP. Este evento marcó un punto de inflexión en la percepción pública y en la disposición de las FFAA a participar en el control del orden interno en zonas urbanas.
El General (r) Jorge Chávez Cresta, quien reemplazó a Otárola en el Ministerio de Defensa, ofreció una explicación técnica sobre la idoneidad del rol militar. Subrayó que exponer a tropas no entrenadas a la población enardecida es un error. Enfatizó que las FFAA pueden colaborar eficazmente en áreas no urbanas, donde existe un “enemigo hostil”, como en el VRAEM (Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro), donde tienen a su cargo el control del orden interno, con el apoyo de la PNP. Además, sugirió que se podrían llenar vacíos legales en la normativa sobre el uso de la fuerza (DL 1095), o incluso modificarla, como lo hizo Javier Milei en Argentina para actividades militares en zonas fronterizas. Otro punto planteado fue la administración de penales por parte de las FFAA, tal como sucede en la Base Naval del Callao.
La oportunidad para una acción militar eficaz contra el crimen se presentó en diciembre de 2023, tras la primera matanza de trabajadores de seguridad de la mina Poderosa. Sin embargo, la reacción del gobierno fue tardía. César Acuña, gobernador de La Libertad, solicitó insistentemente que las FFAA tomen el control interno en toda la región, tanto en Trujillo como en Pataz. Chávez Cresta consideró que Trujillo no era adecuado, pero Pataz sí. Dos meses después, se aprobó la propuesta en el consejo de ministros, oficializada con el DS 018-2024 PCM, que prorrogó el estado de emergencia y asignó a las FFAA el control del orden interno, con el apoyo de la PNP. Sin embargo, Chávez Cresta fue reemplazado al día siguiente, oscureciendo la trascendencia del decreto.
El nuevo ministro, Walter Astudillo, General del Ejército en retiro, no implementó el decreto de manera significativa. Durante los 60 días de vigencia, no hubo un despliegue sustancial de recursos materiales y humanos en la zona. Al finalizar el plazo, el DS 041-2024 PCM revirtió la situación, asignando a la PNP el control del orden interno, con el apoyo de las FFAA. Esta marcha atrás generó interrogantes sobre las razones detrás del cambio de ministro y la falta de apoyo gubernamental a Astudillo. La reciente masacre de 13 trabajadores en la mina Poderosa ha reavivado las sospechas sobre posibles intereses ocultos detrás de estas decisiones.
Fuerza Popular ha anunciado su intención de interpelar a Astudillo, cuestionando la mínima presencia militar en la zona y la falta de una respuesta sostenible durante los 60 días de control de las FFAA. Les preocupa que el gobierno utilice el estado de emergencia como una respuesta automática y superficial, desgastando un instrumento constitucional que debería usarse con planificación. Insisten en la necesidad de una presencia efectiva del Estado, un despliegue sostenido de las FFAA y un rediseño estratégico para enfrentar el crimen organizado. La coincidencia entre fujimoristas y apepistas sobre la necesidad de mantener la presencia militar en la zona se ha visto eclipsada por mociones de interpelación contra el primer ministro Gustavo Adrianzén, generando caos congresal.
Una posible explicación para la entrada y salida de los militares del control interno en Pataz podría estar relacionada con intereses de mineros informales, quienes, según una fuente anónima, colaborarían con un partido del gobierno, presumiblemente Ciudadanos Por el Perú (CPP), vinculado a Nicanor Boluarte. Esta conexión podría explicar la preferencia por mantener a la PNP en el control de la zona, en lugar de las FFAA. Tras la reciente masacre, el gobierno ha retomado la propuesta de asignar a las FFAA el control del orden interno en Pataz. Queda por ver si esta vez se implementará de manera efectiva y se lograrán resultados tangibles.
