La gobernabilidad en el Perú, un concepto frecuentemente invocado en tiempos de crisis política, se ha convertido en el principal argumento de Alianza Para el Progreso (APP) para justificar su estrecha relación con el gobierno de Dina Boluarte. Sin embargo, esta alianza estratégica genera suspicacias y pone en tela de juicio las motivaciones del partido liderado por César Acuña, especialmente de cara a las elecciones de 2026. La apuesta por la gobernabilidad se presenta como un sacrificio necesario, pero analistas políticos se cuestionan si este “desprendimiento” no esconde cálculos más pragmáticos, enfocados en mantener el poder territorial y asegurar una buena posición en el próximo ciclo electoral.
Según la investigación publicada por El Comercio, cuando se advierte a un miembro de APP sobre los posibles costos políticos de su asociación con Dina Boluarte en las elecciones de 2026, la respuesta recurrente es: “no hacemos esos cálculos, estamos para dar gobernabilidad”.
El reportaje revela una divergencia clave entre la estrategia de APP y la del fujimorismo. Mientras que Fuerza Popular, tras varias derrotas en segunda vuelta, adopta una postura más cautelosa, ofreciendo apoyo al Estado pero distanciándose del gobierno de turno, APP parece apostar por una inmersión total en la gestión actual. Este enfoque podría explicarse por la falta de experiencia de APP en contiendas presidenciales a gran escala, prefiriendo concentrarse en el dominio de sus bastiones regionales y locales. Esta estrategia territorial se evidenció durante la reciente crisis de gabinete, con la salida del ex Ministro de Economía y Finanzas (MEF), José Salardi, un episodio que ha desatado diversas interpretaciones.
La destitución de Salardi ha generado controversia, con versiones que lo presentan como un héroe que se resistió a las presiones de APP por obtener créditos suplementarios para obras descentralizadas, y otras que lo señalan como un tecnócrata incapaz de medir sus fuerzas políticas. Mientras Salardi opta por el silencio, la designación de César Sandoval como nuevo Ministro de Transportes ha levantado aún más interrogantes sobre la influencia de APP en el gobierno. Sandoval, vinculado a Acuña, representa un activo importante para el partido, especialmente considerando el vasto presupuesto del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) destinado a obras descentralizadas, un factor clave para las campañas subnacionales de APP y otros partidos con fuerte presencia regional, como Somos Perú.
Dentro del entramado de poder, el Ministro de Salud, César Vásquez, emerge como una figura central en la relación entre APP y el gobierno de Boluarte. Vásquez no solo actúa como un enlace clave, sino que también proporciona perspectiva política a la presidenta, quien, según fuentes, carece de un entorno político amplio y sólido. Su influencia podría incluso haber sido determinante en la designación de Sandoval al MTC, aunque esta versión es negada por algunos dirigentes de APP. A pesar de las negativas, la presencia de un afiliado a APP al frente del MTC, con su considerable presupuesto para obras descentralizadas, representa una ventaja estratégica para el partido de Acuña de cara a las elecciones de 2026. En Perú, la descentralización ha sido promovida desde la década de los 90, impulsando el desarrollo local pero también abriendo espacios para prácticas clientelistas.
Un aspecto crucial de la controversia gira en torno a la supuesta presión ejercida por APP para la salida de José Salardi del MEF. Según una publicación de la revista Semana Económica, políticos de APP, incluyendo a la presidenta de la Comisión de Presupuesto, Lady Camones, habrían presionado a Salardi para que aprobara ampliaciones presupuestales para obras descentralizadas. Camones, en una entrevista, admitió la reunión con Salardi, pero negó haber exigido su destitución, atribuyendo su salida a la presión de los sindicatos afectados por la extinción de 14 programas públicos, una medida anunciada por Salardi el 12 de mayo. Esta medida buscaba simplificar funciones y ahorrar recursos, pero generó malestar tanto en los sindicatos como en algunos ministros, quienes vieron amenazada su cuota de poder y la estabilidad de sus programas.
Fuentes cercanas a Salardi señalan que la decisión de extinguir los programas fue consensuada con la presidenta Boluarte, con el objetivo de liberar recursos para los créditos suplementarios. Sin embargo, la magnitud del impacto, que implicaba la pérdida de miles de empleos públicos, habría sorprendido a la presidenta y generado su descontento. La situación se agravó con la reforma normativa de las Asociaciones Público-Privadas (APP), lo que contribuyó a la caída de Salardi. La visión tecnocrática de Salardi, enfocada en el ahorro y la eficiencia, chocó con el clientelismo imperante en el gobierno, donde la presión política y la búsqueda de empleos predominan sobre la racionalidad económica. Este panorama plantea interrogantes sobre el futuro del gasto público y la asignación de recursos, especialmente en un contexto preelectoral.
Finalmente, la lupa se centra en el posible direccionamiento de fondos y obras a zonas de influencia de APP y otros partidos. El reciente acercamiento de José Arista, predecesor de Salardi en el MEF, a APP, sugiere un posible interés del partido en fortalecer su presencia en Amazonas, donde Arista ya fue gobernador en 2011. La afiliación de ex funcionarios de alto rango a partidos políticos no es nueva en el Perú, reflejando la búsqueda de alianzas estratégicas para alcanzar o mantener el poder. Este escenario exige una vigilancia constante sobre la transparencia en la gestión de los recursos públicos y el cumplimiento de las normas fiscales, para evitar que los intereses políticos prevalezcan sobre el bienestar general.
