La secretaria general de Fenutssa en Huánuco, Francisca Samaniego Rojas, advirtió que la Dirección Regional de Salud (Diresa) enfrenta una orden judicial de desalojo del local de la Beneficencia que ocupa desde 2019, con un plazo de seis días para salir de manera voluntaria, y sostuvo que, sin un local alternativo ni presupuesto para alquiler, la única salida inmediata sería una decisión política de alto nivel que involucre al gobernador regional de Huánuco, la dirección de Salud y el Ministerio de Salud, según declaró.
La dirigente advirtió que no existe un local alternativo definido y que, ante el riesgo de una salida forzada, los trabajadores esperan una respuesta inmediata de las autoridades. Señaló que el caso se encuentra en un escenario en el que “legalmente no hay nada que hacer” y que, según su versión, lo único que podría revertir la situación es una “decisión política” de alto nivel.
Explicó que la mesa de diálogo deberá dar una solución en el corto plazo al problema y evitar la paralización de importante cartera regional de salud. Aunque las soluciones son varias. Una que se evite el desalojo y se negocie con la Beneficencia de Huánuco y otra que se habilite un espacio para su funcionamiento, lo cierto es que la dirigente exigió que esto debe darse de forma inmediata y práctica.
Personal fue notificado
De acuerdo con Samaniego, el asesor jurídico de la entidad habría recibido notificaciones físicas vinculadas al proceso: una dirigida al director como representante legal de la Diresa y otra destinada a todos los trabajadores, lo que, según su explicación, implicaría que cada servidor estaría formalmente notificado del desalojo. La dirigente precisó que el plazo que manejan es de seis días para un retiro voluntario y que, de no ocurrir, el siguiente paso sería la ejecución del desalojo por la fuerza, conforme indicó.
La representante sindical afirmó que el panorama laboral y operativo sería incierto para cerca de 600 trabajadores si no se define un lugar de reubicación. Según declaró, la entidad no tendría un plan de contingencia ni una sede lista para trasladar oficinas, lo que, en su versión, pondría en riesgo la continuidad de trámites y servicios administrativos vinculados al sistema de salud regional.
Samaniego añadió que, en caso se plantee un alquiler, la Diresa no contaría con recursos directamente recaudados (RDR) suficientes para asumirlo. Según señaló, los servicios que se gestionan en la sede serían gratuitos y apenas se recaudaría para gastos menores, por lo que descartó que los trabajadores puedan financiar la contingencia. También mencionó que la Beneficencia habría planteado un monto referencial cercano a S/ 50 mil mensuales, cifra que —según su declaración— no sería sostenible con el nivel de ingresos de la institución.
Sin local alternativo
La dirigente sindical afirmó que se buscaron alternativas en distintas instancias, pero que no se halló un predio libre o disponible. Según indicó, se mencionó en el pasado una opción vinculada a la municipalidad distrital de Amarilis, pero sostuvo que esa salida no prosperó. Añadió que hubo ofrecimientos en más de una oportunidad y que, al verificar los terrenos, se encontró que ya tenían propietarios, destino asignado, cesión de uso o proyectos en curso, por lo que no estaban disponibles para la reubicación.
Samaniego aseguró que también consultaron sobre espacios en el Gobierno Regional y que, según le respondieron, no existirían locales o terrenos listos para asignación. En esa línea, sostuvo que si hubiese existido un plan de contingencia, ya se les habría comunicado a dónde se trasladarían y quién asumiría los costos, señalando que esa decisión debería recaer en el Gobierno Regional.
