El Comercio denunció que, al estar excluido de la Ley Servir, el Congreso de la República continúa contratando personal sin concursos públicos ni procesos de evaluación meritocrática. Una investigación de dicho medio identificó la existencia de al menos 30 grupos familiares entre los trabajadores del Legislativo, distribuidos en diferentes oficinas o incluso dentro del mismo despacho congresal.
Denuncias y silencios ante supuestos favores laborales
Según el reportaje, estas contrataciones involucran a hermanos, esposos, padres e hijos, y se justificarían bajo la figura de “cargos de confianza”, sin obligación de realizar convocatorias abiertas. Exautoridades como José Cevasco, exoficial mayor del Congreso, declararon a El Comercio que detectaron esta situación en 2022 y que, en su momento, optaron por no renovar varios contratos por considerarlos poco éticos. Cevasco sostuvo que este fenómeno configura un uso indebido del poder de influencia, y recomendó que se limite mediante acuerdos formales de la Mesa Directiva.
El informe también alude a presencias simultáneas de padres e hijos en áreas administrativas con remuneraciones similares y superiores a los S/ 6.000 mensuales. En algunos casos, sólo uno de los familiares registra estudios universitarios, de acuerdo con información pública de la Sunedu.
Vínculos partidarios y falta de transparencia
En el detalle de los casos, se observa que varias contrataciones tienen nexos directos con partidos como Fuerza Popular, Renovación Popular y Alianza para el Progreso. Algunos legisladores justificaron la presencia de hermanos o allegados indicando que “no hay impedimento legal”, mientras otros aseguraron desconocer cualquier parentesco entre miembros de sus equipos.
El reportaje refiere que se intentó obtener respuestas de los trabajadores implicados y de la Oficialía Mayor del Congreso, pero no se obtuvo respuesta oficial hasta el cierre de su publicación.
El Congreso y la ausencia de procesos abiertos
Cabe recordar que el Parlamento no está sujeto a los mecanismos establecidos por la Ley del Servicio Civil (Servir), lo que le permite mantener un sistema de contrataciones internas con escasa supervisión externa. Esto ha sido reiteradamente criticado por especialistas en gestión pública, quienes consideran urgente una reforma que imponga criterios de transparencia, meritocracia y acceso igualitario a la función pública.
