La reciente ola de incendios forestales que afecta a 22 regiones del Perú ha puesto en evidencia la falta de una respuesta efectiva por parte del gobierno, a pesar de que existe una Ley de declaratoria de emergencia ambiental. Esta norma, firmada por la presidenta Dina Boluarte y publicada el 7 de agosto de 2024, aún no cuenta con un reglamento que permita su aplicación, lo que ha generado críticas y frustración en diversas regiones afectadas por los incendios.
A medida que el fuego continúa extendiéndose en la Amazonía y otras zonas del país, los gobiernos regionales y autoridades locales exigen que se declare el estado de emergencia ambiental para movilizar más recursos y mitigar los efectos devastadores de los incendios. Sin embargo, el gobierno central se ha mostrado reacio a tomar esta medida. El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, indicó que “hasta el momento no hay razones tan críticas que justifiquen una declaratoria de emergencia”, aunque no descartó la posibilidad en el futuro.
Una ley sin reglamento
La Ley N° 32106, promulgada en agosto de 2024, establece que la declaratoria de emergencia ambiental tiene como objetivo implementar acciones inmediatas para contener un evento significativo que amenace la calidad ambiental o los ecosistemas, así como la salud de las personas. Sin embargo, a pesar de su promulgación, la norma aún no ha sido reglamentada, lo que impide su plena operatividad en medio de esta crisis ambiental.
La falta de reglamento ha limitado la capacidad del gobierno para actuar de manera preventiva, tal como lo señala el artículo 11 de la ley, que estipula que ante un evento significativo como los incendios forestales, se deben emitir alertas para prevenir riesgos a la salud de las personas, así como la afectación a la flora y fauna. Sin este marco regulatorio, las acciones se han centrado en la atención de los daños ya causados, como en el caso del distrito de Incahuasi, en Chiclayo, donde el Ministerio de Salud (Minsa) acudió para atender a 120 personas intoxicadas por el humo.
Presión de las regiones afectadas
Los gobiernos regionales de Amazonas, Cusco, Huánuco, Loreto, Madre de Dios, San Martín y Ucayali han insistido en la necesidad de declarar la emergencia ambiental en las zonas afectadas por los incendios. A esta demanda también se han sumado varias bancadas del Congreso, que consideran urgente una mayor intervención del gobierno central. Sin embargo, la respuesta del Ejecutivo ha sido lenta y, en algunos casos, insuficiente para frenar el avance de los incendios y evitar más pérdidas humanas y materiales.
Hasta el momento, los incendios forestales han causado la muerte de 15 personas, dejado 98 heridos y devastado más de 28,000 hectáreas de vegetación. La destrucción de los ecosistemas y la contaminación del aire han afectado gravemente a las comunidades locales, que dependen de los recursos naturales para su sustento. La falta de una acción coordinada y preventiva ha sido uno de los principales puntos de crítica hacia la administración de Boluarte.
Criterios para la declaratoria de emergencia ambiental
La Ley N° 32106 establece varios criterios que podrían justificar la declaratoria de emergencia ambiental en una determinada área geográfica. Entre ellos, se menciona la presencia de niveles de contaminación por encima de los estándares nacionales e internacionales, la liberación de sustancias peligrosas, el impacto en la salud de las personas, y el riesgo elevado para las poblaciones y ecosistemas. Sin embargo, a pesar de que muchos de estos criterios ya se cumplen en las regiones afectadas, el gobierno aún no ha activado esta medida.
Además, la ley establece que el Ejecutivo debe aprobar el reglamento de la norma en un plazo no mayor de 120 días hábiles. Con este periodo en curso, el gobierno dispone de poco más de cinco meses para presentar las disposiciones necesarias que permitan una aplicación efectiva de la ley. Mientras tanto, las regiones afectadas por los incendios forestales continúan demandando una mayor acción y asistencia.
El llamado a la acción
La crisis de los incendios forestales en Perú requiere una intervención urgente, tanto en términos de recursos como de políticas públicas que permitan prevenir y mitigar el impacto ambiental. La falta de un reglamento para la Ley de declaratoria de emergencia ambiental es vista como un obstáculo para enfrentar la magnitud de los incendios de manera adecuada.
El gobierno de Dina Boluarte enfrenta la presión de las autoridades locales, los congresistas y la población afectada para tomar medidas más decisivas. Sin un marco normativo claro y sin una declaratoria de emergencia, los esfuerzos para controlar los incendios continúan siendo insuficientes. El tiempo apremia, y cada día que pasa sin una respuesta integral aumenta el riesgo para la vida, la biodiversidad y los medios de subsistencia de miles de peruanos.
