La sentencia que ordena el desalojo de la Dirección Regional de Salud (Diresa) del inmueble de la Beneficencia Pública de Huánuco ha dejado al descubierto algo más profundo que un conflicto legal: una cadena de omisiones, improvisaciones y falta de previsión por parte de las autoridades regionales que hoy pretenden convertir una decisión judicial firme en una crisis social evitable.
El presidente de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, Alberto Berger Vigueras, ha sido claro y, en lo esencial, correcto: el proceso judicial concluyó, el fondo ya fue discutido y la etapa actual es la ejecución de una sentencia que debe cumplirse, guste o no. En un Estado de derecho, esa afirmación no admite matices. Las resoluciones judiciales no se negocian en la calle ni se corrigen bajo presión política o mediática. Hasta allí, el Poder Judicial ha cumplido su rol.
Pero el problema real no está en los tribunales. Está en la desidia con la que las autoridades del sector Salud y del Gobierno Regional de Huánuco han manejado, durante años, una situación perfectamente previsible. No se trata de un desalojo sorpresivo ni de una decisión tomada de la noche a la mañana. El litigio tiene una historia larga, conocida y advertida. Aun así, se esperó a que el expediente se cierre, a que la sentencia quede firme y a que el plazo de desalojo sea inminente para recién “buscar soluciones”.
Esa conducta revela una peligrosa costumbre instalada en la gestión pública regional: actuar solo cuando el problema estalla, cuando ya no hay margen de maniobra y cuando las consecuencias amenazan con afectar servicios esenciales. En este caso, la salud pública. ¿Dónde estuvo la planificación? ¿Dónde las gestiones oportunas para una reubicación progresiva, para la adecuación de un nuevo local o para una negociación institucional seria con la Beneficencia, antes de llegar a este punto crítico?
Hoy se apela al impacto social, al riesgo de afectar la atención en salud y al derecho de la población. Argumentos válidos, sin duda, pero que llegan tarde. Esos mismos factores fueron evaluados durante el proceso judicial, como lo recordó el propio presidente de la Corte. Pretender reabrir el debate cuando la vía legal está agotada no solo es inútil, sino que alimenta la confusión ciudadana y desgasta la confianza en las instituciones.
Huánuco no puede seguir gobernándose a punta de crisis. La administración pública exige previsión, gestión y decisiones a tiempo, no reacciones tardías envueltas en discursos de urgencia. Este episodio debe servir como una lección incómoda pero necesaria: cuando las autoridades eligen mirar a otro lado, el problema no desaparece, solo se agrava.
