Defensor del Pueblo alerta sobre deficiencias en cámaras Gesell en Huánuco
El Defensor del Pueblo en Huánuco, Marco Durand Rocca, informó sobre la reciente reunión sostenida con autoridades del gobierno regional, donde se abordó la crítica situación de las cámaras Gesell en la región. Según Durand, estas herramientas son esenciales para la administración de justicia, particularmente en casos de violencia familiar y delitos contra la libertad sexual. Sin embargo, denunció que la región enfrenta una escasez alarmante de estos dispositivos.
Durand Rocca reveló que en Huánuco solo hay una cámara Gesell en funcionamiento y que en Aucayacu, la única disponible no opera adecuadamente. Además, señaló que, aunque en Tingo María se están realizando esfuerzos para mejorar su funcionalidad, la demanda sigue superando ampliamente la oferta. “Para sorpresa de todos los huanuqueños, en Huánuco solo contamos con una cámara Gesell operativa, lo que resulta insuficiente para la cantidad de casos que atendemos”, indicó Durand Rocca.
Convenios con la UNHEVAL
El Defensor del Pueblo explicó que se han firmado convenios con la Universidad Nacional Hermilio Valdizán y el Poder Judicial, que cuentan con dos cámaras Gesell cada uno, para aliviar la sobrecarga de casos. Sin embargo, aclaró que estas cámaras no están disponibles de manera inmediata debido a la falta de personal especializado. “No basta con tener el equipo; también se necesita personal capacitado como psicólogos y técnicos para que estas cámaras funcionen correctamente”, declaró.
A pesar de los avances logrados en las conversaciones, Durand Rocca subrayó que aún no hay un presupuesto asignado para la construcción de más cámaras Gesell en la región. Señaló que esta responsabilidad recae sobre el gobierno regional, que deberá evaluar el expediente que presente el área de Medicina Legal. “Es fundamental que el gobierno regional considere este proyecto en su presupuesto para el año 2025”, manifestó.
Procesos “violatorios”
El defensor también criticó los graves retrasos en los procesos judiciales que afectan a las víctimas, especialmente en los casos de agresión sexual. “Es absolutamente violatorio de los derechos de las víctimas que tengan que esperar hasta marzo o abril para ser entrevistadas, lo cual genera un gran perjuicio para la investigación”, afirmó. Asimismo, indicó que la falta de celeridad en estos procedimientos muchas veces provoca que los casos se archiven o que las víctimas desistan de declarar, beneficiando a los agresores.
Dato:
Durand Rocca estimó que la construcción de tres cámaras adicionales tendría un costo de alrededor de 380 mil soles, y que estas deberían ubicarse en Huánuco, Tingo María y Aucayacu, regiones donde los índices de violencia sexual son alarmantes. Sin embargo, destacó la necesidad de que las autoridades locales y regionales se comprometan con esta causa. “Esto es una cuestión de voluntad política. Con un presupuesto razonable, se podría resolver este problema que afecta gravemente la justicia en nuestra región”, concluyó.
