Una sentencia en primera instancia dictada por el Poder Judicial ha declarado ilegal la concesión del Parque Puelles, ubicado en la ciudad de Huánuco, espacio que fue entregado a una empresa privada para el desarrollo de un centro comercial hace más de una década.
Consultado al respecto, el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Huánuco, Miguel Ángel Berrospi Jara, señaló que la entrega del Parque Puelles para uso comercial fue un “error” cometido por autoridades anteriores, al intervenir un terreno destinado originalmente a ser una zona verde de libre acceso para la comunidad y además “intangible”.
“El problema no es la inversión. El problema es cuando se desoye a las instituciones y a la ciudadanía. Aquí, muchas personas han luchado por esta causa desde hace años. También hay empresarios que sintieron que se rompió la equidad cuando se concedió este espacio a una sola firma por 70 años, mientras ellos pagaban alquileres en condiciones más difíciles”, subrayó.
Cámara de Comercio: 15 años de lucha
Según indicó Berrospi, la Cámara de Comercio sostuvo desde un inicio que la operación vulneraba el principio de intangibilidad del parque. “No se trataba de estar en contra de la inversión privada, sino de preservar un bien público que tenía un fin urbano, ambiental y recreativo”, manifestó.
La institución, según declaraciones del propio dirigente, mantuvo una oposición técnica y legal durante más de quince años, apelando a marcos normativos relacionados con el uso de suelo, la protección ambiental y la vocación de uso del predio.
Berrospi señaló que, pese a los argumentos presentados en su momento, la Municipalidad de Huánuco prosiguió con el proceso de concesión sin alcanzar un acuerdo de equilibrio con la ciudadanía ni con los gremios empresariales.
“La inversión privada es bienvenida, pero dentro de un marco de legalidad. Si en su momento se hubieran conciliado los intereses, hoy tendríamos parques embellecidos y vías de acceso mejoradas. El problema fue la improvisación y la falta de visión”, declaró.
Pese a sus críticas al proceso original, el presidente de la Cámara también reconoció que actualmente el centro comercial construido —bajo la marca Real Plaza— genera empleo directo e indirecto, por lo que desmantelarlo no es una alternativa viable desde su punto de vista. “Hoy el escenario ha cambiado. Ya está dado, está operando, y eso también hay que reconocerlo”, sostuvo.
Fallo judicial no implica cierre
De acuerdo con Berrospi, el objetivo de la Cámara no es que el parque vuelva a ser administrado por la Municipalidad ni que se cierre el centro comercial.
Sin embargo, advirtió que podrían surgir nuevas acciones legales por parte del operador privado si se intenta anular la concesión de forma unilateral. “Se tienen que revisar los estatutos, buscar consensos. Una solución saludable debe respetar tanto la ley como el bienestar económico de quienes hoy dependen de ese espacio”, declaró.
El fallo, aún sujeto a apelación, establecería responsabilidades administrativas y penales sobre la gestión municipal que autorizó la intervención en un área clasificada como intangible.
La resolución judicial también impone una reparación civil de S/ 21 millones y condena al exalcalde Jesús Giles Alipázaga a cuatro años de pena suspendida, además de su inhabilitación temporal para ejercer cargos públicos.
El dato
En relación con el monto de la reparación civil, Berrospi manifestó que los S/ 21 millones fijados pueden haber sido razonables “para el contexto de hace algunos años”, pero reconoció que los equipos legales de su institución están revisando a fondo el expediente para evaluar si corresponde una actualización. “Eso lo determinarán los jueces y los órganos competentes. Lo importante es que se siente un precedente: las zonas intangibles no se negocian”, afirmó.
