La Municipalidad Provincial de Huánuco enfrenta un caso que vuelve a poner en evidencia un problema estructural dentro de la institución: la falta de control interno y supervisión efectiva sobre los procedimientos de fiscalización en la vía pública. La denuncia sobre presuntos cobros irregulares a comerciantes ambulantes ha generado un giro inesperado en la investigación, pues ahora no solo se busca identificar a las personas involucradas, sino determinar cómo un esquema así pudo funcionar sin que los mecanismos de supervisión municipal lo detectaran a tiempo.
El caso estalló luego de que un grupo de comerciantes denunciara que trabajadoras del área de Administración Tributaria habrían solicitado pagos diarios de S/ 1.50 a S/ 8 para permitirles ocupar espacios públicos sin ser retirados por los inspectores. Aunque inicialmente se trató como un hecho aislado, la revisión preliminar indica que los cobros se habrían replicado en distintos puntos del centro de la ciudad, afectando a un número mayor de vendedores de lo previsto.
Según información recogida por Ahora Huánuco de fuentes municipales, la Oficina de Control Institucional (OCI) ha solicitado formalmente acceso a reportes de fiscalización, padrones de comercio ambulatorio, constancias de autorización temporal y registros de actas de intervención. El objetivo es identificar vacíos que permitieron que estos presuntos cobros prosperaran sin ser reportados.
En paralelo, la Gerencia de Desarrollo Económico informó que, tras operativos recientes, se ha detectado que más de 1 200 comerciantes ocupan la vía pública en Huánuco, pero apenas 200 cuentan con algún grado de formalización. Esta diferencia enorme —que refleja la falta de un registro actualizado y mecanismos de control eficientes— crea el escenario perfecto para que ciertos trabajadores o inspectores puedan ejercer arbitrariedad sobre quienes dependen del día a día para subsistir.
Los operativos de liberación de calles continúan y se han intensificado en zonas críticas como los jirones Ayacucho, Independencia y Huallayco. Sin embargo, los comerciantes denuncian que no existe una ruta clara de formalización ni espacios diseñados para la reubicación propuesta.
La Fiscalía, por su parte, ya ha requerido declaraciones y evidencia documental para determinar si existió una red de cobros o si se trata de acciones individuales. El municipio anunció que aplicará sanciones de corresponder, y que actualizará su sistema de control para evitar que casos similares vuelvan a ocurrir. La ciudadanía espera que esta vez sí haya consecuencias reales y no solo comunicados.
