Afiliada sin su consentimiento al partido Alianza Para el Progreso (APP), la ciudadana Kharla Márquez, de 33 años, enfrenta un proceso de desafiliación que se ha convertido en una verdadera carrera contrarreloj. Aunque el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) eliminó recientemente el pago por el trámite, ahora son los propios ciudadanos quienes deben asumir los gastos que implica probar que fueron víctimas de suplantación.
Márquez, natural de Yungay y residente en Chorrillos, descubrió en abril que figuraba como afiliada a APP. Tras iniciar el proceso de desafiliación el 25 de abril, el JNE le comunicó que, al haber recibido una respuesta del partido, debía presentar pruebas para acreditar que su firma no le pertenece. El pedido incluye un peritaje grafotécnico y la presentación del Anexo 10, un documento que debe ser notariado, todo ello en un plazo de apenas 10 días hábiles.
Procedimientos poco claros y contradicciones en los plazos
Según explicó su amiga Joanna Malásquez, el JNE no detalla de manera explícita qué documentos se deben presentar ni cuál es el plazo legal exacto. En su caso, la funcionaria Patricia Buzonich les confirmó verbalmente que, ante la respuesta del partido, es la ciudadana quien debe asumir la carga de prueba. “Si el partido no respondía, no era necesario presentar nada”, explicó.
Uno de los principales problemas es que la ficha de afiliación necesaria para el peritaje debe solicitarse mediante un pedido de acceso a la información, cuyo plazo de respuesta también es de 10 días hábiles, el mismo que exige el JNE para presentar la evidencia.
Una barrera para la ciudadanía
Márquez consiguió un perito que le cobrará S/ 500 en oferta, aunque el precio regular puede llegar a S/ 800. A eso se suma el costo del trámite notarial. “Es una trampa para que no puedas desafiliarte”, señaló. Además, advirtió que muchas personas sin estudios o tiempo para entender el procedimiento quedarán atrapadas en el sistema, sin opciones reales para salir de un partido al que nunca eligieron pertenecer.
