El Poder Judicial ha dictado una contundente sentencia contra Karen Cinthia Ugaz Hidalgo, exfiscal adjunta en la región de Loreto, quien fue condenada a 11 años y 6 meses de prisión efectiva por los delitos de peculado doloso y usurpación de funciones. Además, se le impuso el mismo periodo de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
La exfiscal fue hallada culpable de apropiarse de fondos que debían ser destinados al Estado peruano. Estos recursos provenían de los pagos realizados por personas detenidas por conducir en estado de ebriedad, quienes se acogieron al principio de oportunidad, un mecanismo legal que evita procesos judiciales a cambio del cumplimiento de ciertas condiciones.
La sentencia fue dictada por la Primera Sala Penal Especial de Loreto, mientras que la investigación estuvo a cargo de la Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Loreto. Según el fallo, Karen Ugaz habría actuado fuera de los límites de sus competencias legales, lo que facilitó los actos ilícitos.
Una corrupción que marcó un precedente
En el año 2018, Alberto Niño de Guzmán Sánchez, quien era presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Loreto, solicitó la destitución de Karen Ugaz del Ministerio Público tras las denuncias en su contra. “Dar por concluido el nombramiento de la abogada Karen Cinthia Susette Ugaz Hidalgo como Fiscal Adjunta Provincial Provisional del Distrito Fiscal de Loreto”, fue la resolución en ese momento.
La acusación señaló que la exfiscal sustrajo 8,000 soles de los pagos realizados por los detenidos que infringieron las normas de tránsito. Este monto debía ser destinado al Estado, pero fue desviado para beneficio personal, violando los principios éticos y legales de la función pública.
Además del delito de peculado doloso, el cargo de usurpación de funciones se basó en que Ugaz ejecutó atribuciones que no le correspondían legalmente, excediendo los límites de sus competencias y utilizando su posición para cometer estos actos.
Un problema recurrente en el sistema judicial
Este caso no es un hecho aislado en el sistema de justicia peruano. En la región de La Libertad, otro fiscal fue condenado a ocho años de prisión efectiva y seis años de inhabilitación por exigir un soborno de 5,000 soles a cambio de archivar una investigación. El delito fue registrado gracias a las grabaciones realizadas por el denunciante, lo que permitió comprobar la corrupción en dicho caso.
La corrupción dentro del sistema judicial continúa siendo una problemática que afecta la confianza de los ciudadanos en las instituciones. Según expertos, es crucial fortalecer los mecanismos de control y vigilancia para evitar que funcionarios públicos cometan este tipo de delitos.
Cómo denunciar actos de corrupción
Ante casos de corrupción como este, el Estado ha implementado herramientas que permiten a los ciudadanos presentar denuncias. La Plataforma de Denuncias Ciudadanas de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) es una de las principales opciones para informar sobre presuntos actos irregulares cometidos por funcionarios públicos.
Los ciudadanos pueden denunciar los siguientes actos:
- Uso indebido de recursos del Estado, como la apropiación de bienes o dinero.
- Favorecimiento o ventajas indebidas.
- Uso de influencias para obtener beneficios personales.
- Cualquier acción que contravenga la Ley del Código de Ética de la Función Pública o sea tipificada como delito.
“La denuncia puede realizarse de manera anónima o identificada, y existe la posibilidad de solicitar protección estatal contra posibles represalias laborales o durante procesos de contratación pública,” informa la PCM.
Pasos para realizar una denuncia
- Indicar la entidad o institución donde ocurrió el hecho.
- Proporcionar la ubicación específica de la institución.
- Señalar la fecha en la que ocurrió el acto de corrupción.
- Identificar la naturaleza de la denuncia según lo observado.
- Redactar un detalle de lo sucedido, incluyendo el nombre de las personas involucradas.
- Adjuntar archivos o pruebas que sustenten la denuncia.
Una vez completada la denuncia, las autoridades pertinentes inician un proceso de investigación para determinar las responsabilidades y las posibles sanciones correspondientes.
Impacto y lecciones de este caso
El caso de Karen Ugaz Hidalgo es un recordatorio de la importancia de combatir la corrupción en todos los niveles del sistema judicial. “Los funcionarios públicos deben actuar con ética y responsabilidad, ya que su labor es proteger y administrar los recursos del Estado, no apropiarse de ellos,” señaló un analista en temas de justicia.
Por otro lado, se espera que estas condenas sirvan como ejemplo para desincentivar futuros actos ilícitos y reforzar la confianza de la ciudadanía en las instituciones del país. Sin embargo, los expertos coinciden en que la prevención y el fortalecimiento de los controles internos son esenciales para erradicar la corrupción de raíz.
