El expresidente de la Asociación de Motociclistas de Huánuco, Víctor Zevallos Matos, expresó su rechazo frontal a la nueva normativa del Gobierno que obliga a los motociclistas a portar chalecos reflectantes con número de placa y cascos certificados, considerándola una medida “ineficaz” y “copiada sin éxito de otros países”.
Zevallos calificó la disposición como un “plagio mal hecho” de normativas implementadas anteriormente en Colombia y Ecuador, países donde, según afirmó, no se ha logrado frenar la criminalidad con estas imposiciones. A su juicio, esta exigencia representa un “atropello a los derechos fundamentales” de quienes dependen de una motocicleta como herramienta de trabajo y sustento diario.
Cuestiona eficacia de la norma y exige evidencia
El exdirigente insistió en que no existen estadísticas ni evidencia empírica que sustente la aplicación de esta norma en la región Huánuco. “Nos imponen leyes sin justificación técnica ni diagnóstico de impacto”, declaró. Recordó además que hace más de una década se intentó implementar una medida similar, pero fue derogada tras una demanda ante el Tribunal Constitucional.
Zevallos también arremetió contra el Ejecutivo, señalando que esta iniciativa busca “tapar la ineficacia del gobierno de Dina Boluarte en el control de la delincuencia”. Afirmó que obligar a los motociclistas a asumir nuevos gastos, bajo amenazas de sanción, “no solo es abusivo, sino una huachafería legal sin sustento práctico”.
Convoca a movilización y asesoría legal
El otrora dirigente motero anunció su respaldo a la movilización convocada para el 19 de junio en la Laguna Viña del Río, donde se espera la participación de motociclistas y ciudadanos indignados por esta medida. Además, ofreció asesoría legal gratuita a los nuevos líderes del gremio y se comprometió a facilitar un nexo con el Colegio de Abogados para interponer acciones constitucionales contra lo que calificó como un “flagrante abuso de poder”.
“Las motos no son un lujo. Son el pan de cada día para cientos de familias”, enfatizó Zevallos, subrayando que este tipo de disposiciones solo aumentan la informalidad y el enfrentamiento entre ciudadanos y autoridades.
