El caso Los Waykis en la Sombra, que involucra a Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, sigue sumando nuevas aristas. Según un informe de Daniel Muñoz para La República, Maritza Sánchez, exasistente de Pedro Castillo y de Dina Boluarte durante la campaña presidencial de 2021, ha señalado que los nombramientos de prefectos y subprefectos en los que está implicado Nicanor no pudieron haberse realizado sin la autorización de altos funcionarios, incluyendo a la propia presidenta.
En declaraciones a RPP Noticias, Sánchez afirmó que los funcionarios designados habrían organizado reuniones para implementar estrategias políticas a favor del partido Ciudadanos por el Perú, el cual habría sido beneficiado mediante una presunta red liderada por Nicanor Boluarte. “Para que esas personas estén ahí, alguien debió autorizarlo. Las resoluciones salen firmadas por la presidenta de la República y el ministro del Interior”, enfatizó Sánchez. Estas declaraciones abren un nuevo frente de cuestionamientos hacia Dina Boluarte y su cercanía con los hechos investigados.
Presuntos vínculos de Dina Boluarte con el caso Los Waykis
De acuerdo con la Fiscalía, Nicanor Boluarte habría utilizado su influencia para colocar a personas afines en puestos clave, como prefecturas y subprefecturas, así como en instituciones como Provías Descentralizado y el Instituto Peruano del Deporte (IPD). Estas acciones habrían tenido como finalidad beneficiar políticamente al partido Ciudadanos por el Perú. Sin embargo, Maritza Sánchez fue más allá al señalar que Dina Boluarte podría no solo haber estado al tanto de estas actividades, sino haberlas avalado.
“Mi deducción razonada es que no solo puede haber estado al tanto, debe haberlos encargado. El hombre de la nada no va a dedicarse a esa tarea y los demás obedecer”, indicó Sánchez. Estas declaraciones coinciden con la hipótesis fiscal que sitúa a Dina Boluarte como el “número uno” dentro de la presunta red, mientras que su hermano Nicanor sería el “número dos”.
El contexto de las acusaciones contra Nicanor Boluarte
Actualmente, Nicanor Boluarte enfrenta una orden de prisión preventiva por 36 meses dictada por el juez Richard Concepción Carhuancho. Sin embargo, su paradero es desconocido. Su abogado defensor ha señalado que no se entregará a las autoridades hasta que se resuelva la apelación contra la medida cautelar, calificándola como arbitraria y con motivaciones políticas.
Por otro lado, el testimonio de Maritza Sánchez también apunta a un presunto financiamiento irregular de la campaña presidencial de Dina Boluarte en 2021. Según Sánchez, el empresario Henry Shimabukuro habría cubierto gastos cercanos a los 800,000 soles, algunos de los cuales no fueron reportados a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Estos señalamientos refuerzan las sospechas de que la red de irregularidades pudo haberse extendido más allá de la designación de cargos públicos.
Revelaciones de Maritza Sánchez y su impacto político
Sánchez, quien ahora colabora con el Ministerio Público, ha presentado audios y conversaciones de WhatsApp como pruebas de las actividades irregulares relacionadas con la campaña y los nombramientos cuestionados. Estas evidencias ponen en aprietos a la presidenta Dina Boluarte, quien ha negado categóricamente cualquier vínculo con actos ilícitos. “Ella no tiene absolutamente nada que ver con estas designaciones. Es un intento de judicializar la política”, ha declarado en su defensa el primer ministro Gustavo Adrianzén.
Sin embargo, la oposición ha utilizado estas revelaciones para cuestionar la capacidad moral de Boluarte para seguir liderando el Ejecutivo. Sectores políticos han comenzado a pedir explicaciones más claras sobre su rol en los nombramientos y su relación con las actividades de su hermano.
¿Una estrategia de la oposición o una crisis de gobernabilidad?
La controversia en torno a Dina Boluarte ha reavivado el debate sobre la judicialización de la política en el Perú. Mientras algunos analistas consideran que las acusaciones buscan desestabilizar al Ejecutivo, otros señalan que el caso evidencia problemas estructurales en la gestión pública y la lucha contra la corrupción.
La falta de acción inmediata contra Nicanor Boluarte, sumada a las sospechas sobre su relación con la presidenta, ha generado críticas hacia el Gobierno. Según el informe de Daniel Muñoz, este caso pone de manifiesto la debilidad institucional para manejar conflictos éticos y legales que involucran a altos funcionarios.
Un panorama incierto para Dina Boluarte
El caso Los Waykis en la Sombra no solo amenaza con afectar la estabilidad política de Dina Boluarte, sino también con impactar la confianza pública en su gobierno. A medida que avanzan las investigaciones, la mandataria deberá enfrentar las crecientes presiones para demostrar que no estuvo involucrada en los hechos imputados a su hermano.
En última instancia, las declaraciones de Maritza Sánchez se suman a un escenario de tensiones políticas y judiciales que complican aún más la gestión de Boluarte. La presidenta deberá mostrar un compromiso contundente con la transparencia y la justicia para evitar que esta controversia socave aún más su liderazgo.
Este caso, como señaló Daniel Muñoz, es un test para el sistema judicial peruano y una señal de alerta sobre los desafíos de gobernabilidad en el país. ¿Podrá Dina Boluarte salir indemne de esta crisis o será un punto de inflexión para su mandato? Solo el tiempo y las investigaciones lo dirán.
