Muchas expectativas, preocupación y hasta incertidumbre está generando la evaluación para nombramiento de docentes para el año 2022.
Solo faltan tres meses para esa fecha clave y los docentes solo esperan, exigen y reclaman que se respete y se mantenga la transparencia en la evaluación.
Ya tenemos dos escandalosos incidentes de filtración de exámenes para docentes en el presente año.
Es muy preocupante, y lo más probable es que esta información reservada haya sido filtrada por personal que tiene acceso a dichos exámenes.
De las investigaciones se sabe poco, y probablemente no encuentren ningún responsable. No sería de sorprender realmente, los niveles de impunidad y corrupción siguen creciendo en nuestro país.
Ahora no se trata de la fuga de información de los exámenes, es muy probable que esto vaya más lejos, como el negociar los nombramientos.
Esperemos que no sea así, ya estaríamos hablando de un nivel de delincuencia bastante alto.
Luego de la suspensión de la primera evaluación, por temas mencionados arriba, el secretario general del Sindicato Magisterial de Trabajadores de la Educación – Simater – Huánuco, Jim Collazos, manifestó espera que se corrijan los errores y se ejecute una evaluación limpia.
No solamente hacemos daño a la educación de nuestro país, sino también a la institucionalidad.
Cada vez menos ciudadanos confían en las instituciones del Estado y justamente por esto, por la bendita corrupción.
Se supone que las evaluaciones permiten seleccionar el mejor talento, para retenerlo y que los niños y la juventud se beneficien de él.
Lo que menos queremos son pseudoprofesionales, poco o nada preparados y pretendan vivir del Estado a costa de todos los peruanos.
Lo que queremos es que nuestro país mejore en calidad educativa, que es la principal vía para lograr una mejoría y desarrollo.
Por otro lado, la Dirección Regional de Educación (DRE) no debe de escatimar en tomar todas las medidas necesarias para cumplir con las normas de transparencia. Para ello, sería importante invitar a instituciones como la Defensoría, Ministerio Público, la Policía y la Prefectura a ser parte de esta evaluación.
